¿Está el gobierno colombiano cruzando la línea de la participación en política? El procurador general, Gregorio Eljach, ha solicitado formalmente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara un informe detallado sobre las denuncias y quejas recibidas contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política.
Eljach pidió que, en un plazo de tres días, se le entregue el número de radicado, la fecha y una síntesis de lo denunciado. El objetivo, según el procurador, es que su entidad pueda ejercer de manera efectiva las funciones de seguimiento y vigilancia sobre el trámite de dichas actuaciones.
Este requerimiento se suma a otras acciones recientes de la Procuraduría. La entidad ya suspendió a Vilma Velásquez, embajadora de Colombia en Haití, luego de que calificara al aspirante oficialista Iván Cepeda como un “magnífico candidato” en una entrevista. Asimismo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se encuentra bajo investigación. El funcionario invitó a votar durante un acto oficial de su cartera, afirmando que “hasta el perro y el gato tiene que salir a votar” y mostrando su cédula en referencia a los Equipos Básicos de salud.
El panorama se complejiza con reportes de La Silla Vacía, que señalan que la conexión entre el oficialismo y el aspirante del Pacto Histórico podría estar sobrepasando la afinidad política. Entre los hallazgos, se revela que el gobierno firmó convenios por medio billón de pesos con organizaciones que han sido señaladas, incluso por el propio gobierno, como “contrataderos” en vísperas de las elecciones.
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