El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, ha lanzado una severa acusación contra el gobierno federal, señalando la existencia de una persecución política y el uso faccioso de las instituciones públicas en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Esta postura surge a raíz de las controversias generadas por la presencia de agentes estadounidenses en un operativo destinado a desmantelar un laboratorio de procesamiento de drogas, conocido como 'narcolaboratorio'.
Durante una comparecencia en la que estuvo acompañado por diversos líderes de la organización blanquiazul, Jorge Romero manifestó su rechazo a lo que calificó como un intento de "cargarle la bolita" a una mandataria que pertenece a la oposición. El líder nacional cuestionó la selectividad de las investigaciones y la falta de responsabilidad de las autoridades federales en la coordinación de operativos que involucren a personal extranjero en territorio mexicano.
En su intervención, Romero fue enfático al preguntar sobre la responsabilidad de las dependencias del Gobierno de México. Cuestionó específicamente a qué hora se sentará a comparecer a los funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría de Gobernación en materia de Migración. Según el presidente del PAN, estas son las autoridades federales estrictamente encargadas de supervisar y permitir que agentes de agencias extranjeras operen dentro del país, por lo que consideró incongruente que el foco de la presión recaiga únicamente sobre la gobernadora de Chihuahua.
Ante lo que percibe como un ataque dirigido, Jorge Romero lanzó una advertencia clara al gobierno federal, declarando que "si se quieren meter con Maru Campos, se van a meter con todo el Partido Acción Nacional". Como medida inmediata de respaldo, el líder partidista anunció que se llevarán a cabo movilizaciones este fin de semana en apoyo a la mandataria estatal, aunque evitó proporcionar detalles específicos sobre los lugares o la magnitud de dichas manifestaciones.
A este respaldo nacional se sumó la líder del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, quien denunció que existen "intereses oscuros" detrás de las acciones emprendidas contra Maru Campos. Álvarez sostuvo que el estado de Chihuahua no se rinde, no se entrega y no se dobla frente a estas presiones. Asimismo, subrayó que el respaldo a la gobernadora no proviene únicamente de la dirigencia nacional del partido, sino que se extiende a miles de mexicanos, afirmando que el caso ha dejado de ser un asunto local de Chihuahua para convertirse en un tema de relevancia nacional.
Desde la perspectiva jurídica, el abogado Roberto Gil Zuarth analizó la notificación entregada a la gobernadora el pasado 23 de mayo. Gil Zuarth afirmó que no existe un antecedente como el de este documento, señalando que, desde la redacción del cuerpo del citatorio, es posible apreciar la intención de generar un "hostigamiento procesal" por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
El abogado detalló que el documento entregado a Maru Campos carece de precisiones fundamentales para un debido proceso. Según Gil Zuarth, en la notificación no se refieren los datos, los hechos, las circunstancias ni los delitos específicos que se le imputan o investigan. Del mismo modo, señaló que la autoridad no precisa con claridad qué información es la que se le quiere requerir a la gobernadora, lo que refuerza la tesis de que se trata de una acción de hostigamiento y no de una investigación judicial transparente.
Finalmente, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, expresó su solidaridad total con la mandataria chihuahuense. López aseguró a Maru Campos que cuenta con el apoyo de la Cámara, del Partido Acción Nacional, de la sociedad civil y de los "mexicanos de bien" que aspiran a vivir en un país seguro. Con estas declaraciones, el bloque opositor cierra filas en torno a la gobernadora, denunciando que el uso de la ley se está desviando hacia fines políticos.
