El Gobierno de Cuba ha hecho pública, a través de una Gaceta Oficial extraordinaria emitida este lunes, la lista de personas beneficiadas por un decreto presidencial de indulto firmado el pasado 3 de abril. La medida, que se enmarca en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa y fue rubricada por el presidente Miguel Díaz-Canel, contempla la liberación de más de 2.000 encarcelados. Sin embargo, el análisis detallado de los beneficiarios revela que, a pesar del volumen de excarcelaciones, la presencia de presos políticos es mínima.
Según el texto oficial, esta decisión se presenta como un “gesto humanitario y soberano” y se describe como una “práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal”. El decreto presidencial detalla que el indulto fue otorgado tomando en cuenta diversos factores, entre ellos las características de los hechos cometidos, la conducta de los reclusos durante el tiempo que cumplieron su sanción y la parte de la pena que ya había sido extinguida. El Gobierno ha remachado que este indulto es de carácter "total y definitivo".
A pesar de que en la lista aparecen más de un centenar de condenados por delitos contra la Seguridad del Estado —una imputación que frecuentemente se asocia con los presos políticos en la isla—, la organización Prisoners Defenders (PD) ha desmentido que la mayoría de ellos lo sean. Tras realizar un filtrado de los nombres, la ONG con sede en Madrid ha identificado a una sola persona que coincide con sus registros de prisioneros de conciencia: Iván Leydis Acosta Matos.
Prisoners Defenders ha advertido que continuará indagando caso por caso, aunque han expresado sus dudas sobre la posibilidad de encontrar más presos políticos en el listado. La organización explicó que se han encontrado cinco casos con nombres muy similares, pero que tras un análisis detallado se han detectado diferencias notables en los apellidos o el orden de los mismos. Como ejemplo, citaron la diferencia entre “José Luis Cabrera Díaz” y “Luis Emilio Cabrera Díaz”, concluyendo que no hay esperanzas de hallar más prisioneros políticos más allá del ya identificado.
Este resultado ya era previsto por diversos sectores desde que el régimen anunció el indulto el Viernes Santo. En aquel momento, el Gobierno presumía que entre los dos millares de excarcelados se encontraban mujeres, jóvenes, adultos mayores de 60 años, extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior, además de aquellos que estaban próximos a alcanzar su libertad anticipada.
El Gobierno cubano utilizó la publicación para destacar que esta es la segunda excarcelación de personas privadas de libertad en lo que va del año, haciendo referencia a un acuerdo previo con el Vaticano en marzo. En aquella ocasión, el régimen se había comprometido a liberar a 51 personas, pero Prisoners Defenders solo pudo identificar a 26 presos políticos reales entre los liberados. Asimismo, el anuncio oficial contabilizó más de 11.000 personas beneficiadas en cinco indultos concedidos desde 2011, resaltando el año 2019 como el periodo con más excarcelaciones, con un total de 2.604 personas.
Un punto clave del decreto es la lista de exclusiones. El Gobierno aclaró que fueron descartadas las personas que cometieron delitos graves, tales como agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, delitos relacionados con drogas, hurto y sacrificio de ganado, robo con violencia o fuerza mediante el uso de armas o con menores como víctimas, corrupción de menores, así como reincidentes y multirreincidentes. De manera significativa, el texto también excluyó a quienes cometieron "delitos contra la autoridad", lo que refuerza la deducción de que la prioridad de estas medidas fue la liberación de reos comunes.
Este proceso se suma a otras liberaciones recientes, como la ocurrida en enero de 2025, cuando el régimen aseguró que excarcelaría a 553 personas como un gesto hacia el Vaticano por el año jubilar decretado por el papa Francisco. Aquella noticia coincidió temporalmente con el anuncio de la Administración de Joe Biden sobre la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, aunque el país volvió a dicha lista una semana después, coincidiendo con la toma de posesión de Donald Trump. Aunque La Habana defendió que aquella medida fue unilateral y soberana, la coincidencia sugirió la existencia de un acuerdo facilitado por el Vaticano.
Es importante diferenciar que las excarcelaciones vinculadas al Vaticano no fueron indultos totales, sino beneficios que permitían la salida del centro penitenciario sin que la pena estuviera totalmente extinguida, quedando condicionadas al cumplimiento de ciertos requisitos. En contraste, el decreto actual es un indulto total y definitivo. Finalmente, Prisoners Defenders ha subrayado la gravedad de la situación carcelaria en la isla, señalando que el número de presos por motivos políticos en Cuba asciende actualmente a 1.260 personas, lo que representa su máximo histórico.


