Colombia se encamina a la primera vuelta de las elecciones presidenciales este 31 de mayo, pero el proceso está marcado por una amenaza crítica: el control territorial de grupos armados sobre el voto ciudadano.
La política de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro atraviesa hoy una grave crisis estructural. Según expertos y analistas, la implementación de ceses al fuego sin mecanismos estrictos de verificación ha permitido que grupos ilegales fortalezcan su poder en diversas regiones, especialmente donde existen cultivos ilícitos.
La violencia ha golpeado directamente la actividad política. En mayo, militantes del movimiento Firmes por la Patria fueron asesinados en el Meta. Previamente, el atentado y posterior muerte del senador de oposición Miguel Uribe Turbay dejó en evidencia la vulnerabilidad de los candidatos. Asimismo, la candidata Paloma Valencia denunció amenazas de muerte, mientras que Iván Cepeda, del Pacto Histórico, alertó sobre presiones armadas para coaccionar al electorado en el Guaviare.
El panorama es alarmante. La Misión de Observación Electoral identifica 386 municipios en alto riesgo por violencia, y el Instituto Indepaz reporta 56 masacres en lo que va del año.
Ante esto, el Gobierno puso en marcha el “Plan Democracia”, desplegando 246 mil uniformados para garantizar el derecho al voto. Mientras el presidente Petro niega que el país viva una crisis de inseguridad, argumentando que la tasa de homicidios es la más baja en 36 años, analistas como Óscar Montes califican la estrategia de paz como un fracaso rotundo.
Colombia llega a las urnas en una encrucijada peligrosa, donde la combinación de ejércitos irregulares y ataques a la dirigencia política pone en jaque la estabilidad del sistema democrático.
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