El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha difundido recientemente una fotografía y un video de Angélica Chavarría Altamirano, quien permanecía en condición de desaparición forzada desde hace dos años. La publicación fue realizada a través de una nota de prensa del Ministerio del Interior (MINT) el pasado 22 de mayo de 2026, revelando que la mujer se encuentra recluida en el Centro Penitenciario de Mujeres.
En el material audiovisual divulgado, Angélica Chavarría —quien fue pareja del fallecido general en retiro del Ejército, Humberto Ortega— afirma haber sido tratada con respeto y dignidad por parte de las autoridades durante el tiempo que ha durado su detención. No obstante, el contenido del video deja en evidencia que la presa política está leyendo un texto preestablecido.
Dentro de sus declaraciones leídas, Chavarría asegura que recibe visitas semanales de su madre y su hermana, además de paquetería enviada por ellas. Asimismo, sostiene que el Sistema Penitenciario le suministra diariamente alimentación, refrigerios y kits de aseo personal. Respecto a su estado de salud, afirmó encontrarse bien, asegurando que recibe atención médica especializada, medicamentos, exámenes y que puede salir diariamente al jardín a tomar el sol y distraerse con programas de televisión.
A pesar de esta aparición, el Ministerio del Interior señaló que Chavarría está detenida por "razones explicadas anteriormente". Sin embargo, esta afirmación contrasta con la realidad de los hechos, ya que durante los dos años que han transcurrido desde su arresto, las autoridades nicaragüenses nunca han proporcionado las razones legales o los cargos específicos que justifican su detención.
La publicación de esta prueba de vida ocurrió apenas dos días después de que Angélica Chavarría cumpliera dos años desaparecida. Durante este periodo, sus familiares denunciaron haber sido víctimas de un hermetismo absoluto por parte de la Policía Nacional, quienes en repetidas ocasiones negaron cualquier información sobre su paradero, limitándose a decirles que "dejaran de buscarla".
El abogado Yader Valdivia, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, denunció que los agentes policiales han hostigado y amenazado a los familiares de Chavarría para que cesen sus preguntas y búsquedas. Valdivia cuestionó la lógica de estas amenazas, señalando que si las autoridades no tuvieran a la persona detenida, no habría razón para intimidar a la familia para que dejara de investigar.
El arresto de Angélica Chavarría Altamirano se produjo el 19 de mayo de 2024. Su detención fue parte de un operativo policial ejecutado contra el general retirado Humberto Ortega Saavedra, hermano del actual presidente Daniel Ortega. Este operativo ocurrió luego de que el exjefe militar concediera entrevistas en las que criticaba a Rosario Murillo y cuestionaba el rumbo político que ha tomado el país. Desde aquel momento, el régimen mantuvo oculto el lugar donde se encontraba Chavarría y omitió cualquier detalle sobre sus condiciones de reclusión.
Actualmente, Angélica Chavarría es reconocida como una de las 47 personas presas políticas en Nicaragua, destacando que es una de las únicas tres mujeres en esta condición, según los datos proporcionados por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
La situación de desaparición forzada y la falta de información oficial provocaron la intervención de organismos internacionales. Primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitieron alertas urgentes. Ambas instituciones concluyeron que el Estado nicaragüense incumplió su obligación de informar sobre el paradero de la detenida e ignoró las solicitudes internacionales destinadas a aclarar su situación jurídica y garantizar su integridad física.
Como resultado de estas acciones, en junio de 2025, la Corte IDH emitió medidas provisionales a favor de Angélica Chavarría y otros detenidos, determinando que se encontraban en un estado de "grave riesgo" debido a sus detenciones arbitrarias y la condición de desaparición forzada en la que fueron mantenidos.
