La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) ha emitido una resolución formal mediante la cual ordena la suspensión inmediata de la prueba conceptual de la red de quinta generación (5G) que venían desarrollando de manera conjunta el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la empresa Radiográfica (RACSA). Esta decisión responde a la detección de diversas irregularidades en el proceso de implementación técnica y regulatoria.
De acuerdo con el documento emitido por el ente regulador, se han identificado una serie de incumplimientos regulatorios por parte de Radiográfica, los cuales son indispensables para operar legalmente servicios de Internet móvil de quinta generación en el territorio nacional. La resolución es enfática al señalar que la operatividad de estas redes no puede darse al margen de la normativa vigente establecida por la autoridad competente.
Uno de los puntos más críticos detallados en los argumentos de la SUTEL es que la subsidiaria del ICE no ha logrado concretar la integración obligatoria con el Sistema de Gestión de Terminales Móviles. Este sistema es fundamental para el control y la administración de los dispositivos que se conectan a la red, asegurando que se cumplan los estándares técnicos y de seguridad requeridos por la ley.
Asimismo, el regulador advirtió que RACSA no ha garantizado el bloqueo de señales en los centros penales, una medida de seguridad obligatoria para evitar que la infraestructura de telecomunicaciones sea utilizada para actividades ilícitas dentro de los recintos carcelarios. La falta de garantías sobre este bloqueo ha sido uno de los factores determinantes para la orden de suspensión.
Ante este escenario, el Consejo Directivo de la Superintendencia ha instruido a RACSA que suspenda cualquier prestación de servicios derivada de esta prueba conceptual. En el caso de que la empresa se encuentre proveyendo servicios al público, deberá descontinuar cualquier iniciativa de manera inmediata. La reactivación de estas actividades quedará supeditada a que la empresa acredite ante la SUTEL el cumplimiento total de todas las disposiciones señaladas en la resolución.
Además de la orden de suspensión, el ente regulador lanzó una advertencia formal a la entidad para que se proceda con el ajuste de los cronogramas técnicos. SUTEL ha dejado claro que no se permitirá la comercialización efectiva de la red 5G hasta que se verifique el acatamiento total de la normativa vigente y se demuestre que la infraestructura cumple con los requisitos legales y técnicos.
Por su parte, la empresa RACSA ha emitido una aclaración para evitar confusiones entre los distintos servicios que ofrece. La compañía subrayó que el acuerdo de suspensión corresponde exclusivamente a la prueba de concepto de servicios móviles 5G desarrollada por kölbi. Por lo tanto, aseguraron que esta medida no afecta la operación ni la prestación del servicio de Internet fijo inalámbrico o 5G que ya se encuentra disponible para los usuarios.
RACSA enfatizó que su servicio de Internet 5G opera plenamente conforme a la normativa vigente y que cuenta con la debida autorización de la SUTEL, diferenciando así el servicio comercial fijo de la prueba conceptual móvil que ha sido suspendida.
En términos operativos, es importante precisar que la red de prueba afectada no se comercializa actualmente. Se trata de un plan piloto dirigido a clientes seleccionados de kölbi, el cual posee un alcance limitado. La conexión a los dispositivos móviles solo es posible en los puntos específicos donde RACSA tiene instaladas las radiobases que emiten la señal y, además, requiere el uso de dos tarjetas SIM para su funcionamiento.
Finalmente, el gerente de Radiográfica, Mauricio Barrantes, abordó la situación en una entrevista con Trivisión. Barrantes reiteró que se trata de un plan piloto y manifestó que la empresa espera contar con todos los elementos técnicos necesarios para iniciar la fase comercial en el plazo de un mes.
El jerarca de la institución indicó que la solicitud actual de la empresa ante el regulador es la obtención de un espacio de tiempo adicional, aproximadamente 30 días, para completar los procesos pendientes. Según Barrantes, este periodo permitirá cumplir con todas las exigencias, realizar las pruebas pertinentes y garantizar a la ciudadanía que se cumple con la totalidad de la normativa antes de proceder con un despliegue comercial masivo.
