¿Quién es el responsable de evitar que personas vinculadas al crimen organizado lleguen a ocupar cargos públicos? Esta es la pregunta central en las recientes declaraciones emitidas por el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García.
Según lo expresado por el titular del TEPJF, la responsabilidad fundamental de este proceso recae directamente en los partidos políticos. El magistrado sostuvo con claridad que es tarea imperativa de estas organizaciones llevar a cabo una revisión exhaustiva de los perfiles de quienes postulan como candidatos en sus filas.
El objetivo primordial de esta acción es impedir que personajes ligados con la delincuencia organizada puedan acceder a un cargo de elección popular. Bátiz García enfatiza que los partidos políticos deben actuar como el primer filtro, asegurando que quienes aspiren a representar a la ciudadanía no tengan vínculos con grupos criminales.
De acuerdo con el magistrado, el control de los perfiles es la herramienta clave para frenar la llegada de estas personas a las instituciones. Al ser los partidos los encargados de proponer los nombres, se convierte en su deber garantizar la idoneidad de sus candidatos, evitando que la estructura del crimen organizado encuentre un camino hacia el poder.
Esta postura del presidente del Tribunal Electoral pone el foco sobre la importancia de la vigilancia interna de los partidos. El TEPJF señala que la prevención de la infiltración del crimen en la política comienza necesariamente desde la selección y el análisis riguroso de los perfiles antes de que estos lleguen a las urnas.
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