El Congreso de la Ciudad de México ha aprobado, mediante una votación unánime realizada este jueves, una reforma significativa a la Ley de Educación capitalina. El objetivo central de esta modificación legislativa es regular el porte y el uso de los teléfonos celulares dentro de las instituciones de educación básica, específicamente en las escuelas primarias y secundarias de la capital del país, durante la jornada escolar.
De acuerdo con lo estipulado en la sesión, la reforma entrará en vigor formalmente un día después de su publicación oficial en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Esta medida busca establecer un marco normativo que permita gestionar la presencia de dispositivos móviles en las aulas sin recurrir a medidas extremas.
Uno de los puntos más destacados del dictamen es que no establece una prohibición absoluta del uso de los teléfonos celulares. Los legisladores han enfatizado que la normativa elimina cualquier enfoque punitivo o de sanción automática contra los estudiantes que porten estos dispositivos. Esta decisión responde a una visión pedagógica que evita el castigo como herramienta principal de control.
La legisladora Claudia Montes de Oca, quien forma parte de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial, expuso los argumentos detrás de este enfoque. Según la diputada, prohibir el uso de los dispositivos no constituye una solución al problema de fondo. Asimismo, señaló que imponer una restricción total podría generar contradicciones con el mandato constitucional, el cual insta a la incorporación de la tecnología y la innovación dentro de los procesos educativos actuales.
La reforma técnica se materializa a través de la adición del Artículo 64 a la Ley de Educación capitalina, una propuesta que fue presentada originalmente por la diputada Laura Álvarez Soto. El sustento de este cambio radica en el reconocimiento de que la tecnología es ya una parte intrínseca de la vida cotidiana y, por extensión, de la formación académica. Sin embargo, las autoridades legislativas advirtieron que el uso excesivo y descontrolado de pantallas y celulares en el entorno escolar tiene consecuencias negativas directas en el aprendizaje, la convivencia entre pares y la salud mental de los niños, niñas y adolescentes.
En paralelo a la adición del Artículo 64, también se realizaron reformas al Artículo 7 de la ley. Estos cambios permitirán la implementación del principio de "aprendizaje digital responsable". El propósito es promover hábitos saludables que permitan a los alumnos aprovechar las ventajas de la tecnología sin que esta se transforme en un factor de distracción constante o en una fuente de afectación emocional.
Por su parte, la diputada Laura Álvarez Soto aportó datos preocupantes que justifican la necesidad de regular estos dispositivos. Según sostuvo la legisladora, el 75 % de los docentes consideran que sus estudiantes sufren distracciones constantes en clase debido al uso de los teléfonos celulares. Más allá de la distracción académica, Álvarez Soto alertó sobre los riesgos de seguridad en el entorno digital, señalando que en México más de tres millones de adolescentes han sido víctimas de ciberacoso o de explotación sexual en línea.
Ante este panorama, la iniciativa busca instaurar protocolos y acciones concretas que limiten tanto el porte como el uso de los celulares en las escuelas de nivel básico, fomentando simultáneamente un uso consciente y responsable de las herramientas tecnológicas.
Los legisladores capitalinos fueron enfáticos al declarar que el dictamen no tiene la intención de "satanizar la tecnología" ni de impulsar modelos educativos que ignoren la innovación. Al contrario, reconocieron que la sociedad vive en una era digital donde los jóvenes requieren de herramientas tecnológicas para su aprendizaje, desarrollo y participación activa en el mundo contemporáneo. La meta final de la ley es educar para un uso crítico, consciente y responsable de dichos instrumentos.
Finalmente, la importancia de esta regulación se contextualiza en la magnitud del sistema educativo. En México, según datos oficiales, la educación básica atiende a una población superior a los 19 millones de estudiantes distribuidos en los niveles de primaria y secundaria, lo que resalta el impacto potencial de estas normativas en el desarrollo escolar.
