El Gobierno de México ha anunciado que enviará al Congreso de la Unión una nueva iniciativa legislativa con el objetivo de implementar un mecanismo de verificación de integridad para quienes aspiren a cargos públicos en las elecciones de 2027. Esta propuesta se suma a la carga de trabajo legislativa actual, que ya incluye la reforma a la reforma judicial, ampliando la agenda de cambios estructurales que el Poder Ejecutivo busca consolidar en el país.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, fue la encargada de detallar los pormenores de esta iniciativa durante la conferencia matutina del jueves 21 de mayo. Según explicó la funcionaria, la propuesta consiste en una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El propósito central es dotar a los partidos políticos de herramientas de análisis más profundas y rigurosas antes de que estos definan y formalicen las candidaturas que presentarán para los comicios intermedios de 2027.
El eje central de la propuesta es la creación de la denominada Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. De acuerdo con el plan presentado, este organismo no sería independiente, sino que dependería directamente del Instituto Nacional Electoral (INE). Para su funcionamiento, la comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales, quienes serían elegidos y votados por el Consejo General del INE. Una vez designados, estos integrantes ejercerían sus funciones durante un periodo establecido de tres años.
En cuanto a su operatividad, la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas actuaría como un puente o vínculo especializado. Por un lado, se encontrarían los partidos políticos que, de manera voluntaria, decidan someter a sus aspirantes al mecanismo de verificación. Por el otro, la comisión tendría acceso a la colaboración de diversas autoridades encargadas de la seguridad, la inteligencia y la procuración de justicia en México.
Para lograr una revisión exhaustiva, la iniciativa plantea que la comisión consulte información crítica proveniente de instancias estratégicas del Estado. Entre las entidades involucradas se encuentran el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La integración de estas dependencias permitiría realizar un cruce de datos exhaustivo sobre el perfil de los aspirantes.
El objetivo fundamental de este proceso de revisión es determinar si existe un “riesgo razonable” de que los candidatos mantengan o hayan mantenido vínculos con la delincuencia organizada. Al realizar estas consultas antes de que las candidaturas sean formalizadas, el Gobierno busca evitar que personas ligadas al crimen organizado accedan a cargos de elección popular en el proceso de 2027.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la necesidad de esta propuesta surge a partir de los hallazgos obtenidos durante la denominada Operación Enjambre. Esta operación ha permitido la detención de diversos alcaldes y exalcaldes, quienes están acusados de haber recibido apoyo y ayuda del crimen organizado para poder ganar sus respectivas elecciones.
Entre los casos específicos mencionados por la mandataria destaca la situación de ‘El Barbas’, líder del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la información disponible, este líder criminal habría mantenido reuniones con los alcaldes de Atlatlahuacan y Cuautla, quienes fueron electos en los comicios de 2024.
Asimismo, la presidenta resaltó que los efectos de la Operación Enjambre se han extendido a otros estados, como Jalisco. En dicha entidad, la operación derivó en la detención de Diego ‘N’, alcalde de Tequila. A este funcionario se le vincula con la existencia de una red de extorsión que operaba en alianza con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Con la implementación de esta nueva comisión, el Ejecutivo Federal busca cerrar las brechas que permitieron la infiltración de grupos criminales en los gobiernos municipales, estableciendo un filtro de seguridad basado en inteligencia financiera y judicial antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.
