45 días. Ese es el tiempo que tardó el gobierno peruano en declarar la emergencia sanitaria por el brote de sarampión en Puno, región que ya registra 275 casos confirmados.
A pesar de la gestión del presidente José María Balcázar y la experiencia del ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, la respuesta llegó tarde frente a uno de los virus más contagiosos del mundo. Según la OMS, una sola persona infectada puede generar hasta 18 casos secundarios.
El exministro de Salud, Víctor Zamora Mesía, advierte que el Decreto Supremo N°008-2026-SA es insuficiente en tres dimensiones críticas.
Primero, en lo técnico: el decreto se centra en vigilancia y vacunación, pero no detalla la preparación de servicios para hospitalización, oxígeno y cuidados intensivos. El CDC señala que 1 de cada 5 personas no vacunadas puede requerir hospitalización y algunos niños pueden desarrollar encefalitis.
Segundo, en lo territorial: se actúa como si el riesgo estuviera limitado, ignorando que la cobertura nacional de vacunación está por debajo del 95% de seguridad. Países como México y Bolivia ya enfrentaron brotes que afectaron casi la totalidad de sus territorios.
Tercero, en lo financiero: se exigen acciones extraordinarias, pero sin presupuesto adicional, pretendiendo usar recursos ordinarios para una crisis excepcional.
El sarampión no negocia con la lentitud burocrática ni con los cálculos políticos. Frente a una enfermedad que se propaga con enorme velocidad, cada día cuenta, y el Estado peruano ya perdió 45.
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