La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ha presentado un requerimiento formal solicitando una pena de 30 años de prisión para el ex presentador de televisión Andrés Hurtado, ampliamente conocido como “Chibolín”. De manera simultánea, el órgano fiscal ha solicitado que la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta sea condenada a 24 años de cárcel. Ambos procesados son investigados por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, así como cohecho activo y pasivo específico, cometidos en agravio del Estado peruano.
El pedido ha sido formulado por el Fiscal Adjunto Supremo Edward Casaverde, quien, además de la pena privativa de libertad, ha solicitado medidas complementarias contra Hurtado Grados. Entre estas solicitudes se encuentra la inhabilitación del exconductor para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 20 años. Asimismo, la Fiscalía ha pedido que se le impongan multas económicas que oscilan entre los 520 mil y los 760 mil soles, monto que deberá ser pagado a favor del Estado como resultado de este proceso penal.
En el caso de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, la solicitud del Ministerio Público contempla su inhabilitación para asumir cualquier puesto dentro del aparato estatal por un lapso de 15 años. Respecto a las sanciones económicas, el Fiscal Adjunto Supremo ha solicitado que se le imponga el pago de una suma comprendida entre los 93 mil y los 188 mil soles.
El proceso se encuentra actualmente bajo la dirección del juez supremo Juan Carlos Checkley. El magistrado será el encargado de conducir la denominada “etapa intermedia”, también conocida como “audiencia de control”. En esta fase procesal, el juez evaluará y resolverá las diversas observaciones que las partes involucradas en el caso formulen respecto al documento de acusación. Esta etapa es fundamental y obligatoria como acto previo al inicio formal de la etapa del juicio oral, donde se presentarán las pruebas y se determinará la responsabilidad penal de los imputados.
Cabe precisar que esta no es la única acusación fiscal que enfrenta Andrés Hurtado. El expresentador cuenta con un segundo proceso en el que la Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años y ocho meses de prisión. Este caso se origina por su presunta intervención en los trámites realizados por el futbolista Roberto Siucho ante la Superintendencia Nacional de Migraciones en el año 2019. Según la investigación, Hurtado habría intervenido para facilitar que Siucho renunciara a su nacionalidad peruana con el objetivo de que el deportista pudiera jugar profesionalmente en China.
En cuanto a los hechos que motivan la solicitud de los 30 años de prisión, Andrés Hurtado es investigado por el pago de una supuesta coima entregada por el empresario Javier Miu Lei. La fiscalía sostiene que dicho monto fue destinado a que la entonces fiscal superior titular, Elizabeth Peralta, interviniera para permitir que el empresario recuperara barras de oro que habían sido incautadas a su empresa por el Ministerio Público en el año 2020.
Sumado a lo anterior, Hurtado Grados se encuentra procesado por otros hechos irregulares. Se le investiga por su presunta intervención para lograr que se iniciara una investigación en el Ministerio Público contra la empresa minera Paltarumi, bajo la sospecha del delito de lavado de activos. Asimismo, existe un tercer hecho relacionado con un presunto soborno que habría sido requerido a Iván Siucho. El objetivo de este pago habría sido evitar que se abriera una investigación por lavado de activos dirigida hacia Iván Siucho, su grupo familiar y su empresa denominada Quantico.
Actualmente, tanto Andrés Hurtado como la suspendida Fiscal Superior Elizabeth Peralta se encuentran privadas de su libertad. Ambos afrontan este complejo proceso penal bajo mandato de prisión preventiva. El exconductor permanece recluido en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, mientras que la fiscal se encuentra internada en el Anexo de Mujeres de Chorrillos.
