¿Qué miden realmente los concursos de méritos en la justicia? Esta es la pregunta que surge cuando el desempeño real de los funcionarios contradice abiertamente los puntajes perfectos obtenidos en sus evaluaciones técnicas.
En el sistema judicial, existe un principio elemental que debería regir el ingreso a cualquier función pública: quien acusa debe ser capaz de probar. Sin este requisito fundamental, la diferencia entre un fiscal y un delator se vuelve sumamente incómoda de sostener para la institución.
El problema se agrava cuando un fiscal confunde un simple indicio con una certeza jurídica. Este tipo de errores no son fallos ocasionales ni menores; en realidad, revelan un severo déficit de formación y un rigor técnico insuficiente que ningún cargo público debería tolerar, y mucho menos el puesto más alto dentro de la función de persecución penal de un país.
Esta situación ha generado una profunda perplejidad institucional frente a las evaluaciones y concursos recientes en el sector de la justicia. Resulta contradictorio que existan procesos diseñados para garantizar la idoneidad real de las autoridades antes de que asuman el poder, pero que en la práctica diaria no se reflejen esas capacidades.
Cuando los procesos de selección dejan de funcionar como filtros rigurosos de capacidad y sirven únicamente para legitimar la posición de forma retrospectiva, pierden su propósito original. Lamentablemente, estos concursos corren el riesgo de convertirse en una simple coartada burocrática para justificar la permanencia de la mediocridad en el sistema judicial.
Ante esta realidad, la ciudadanía se cuestiona la validez de los puntajes frente a la práctica observable, exigiendo que la técnica y la formación prevalezcan sobre la formalidad del examen.
Suscríbete a Noticias lat para más noticias.
