69 días. Ese fue el breve y accidentado paso de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad en el gobierno de José Antonio Kast.
Steinert llegó al gabinete con la promesa de enfrentar la crisis de seguridad y el crimen organizado, respaldada por su trayectoria en el Ministerio Público. Sin embargo, su gestión se transformó rápidamente en una "larga agonía". El punto más crítico fue la ausencia de un plan de seguridad formal; tras presentar una propuesta de siete ejes que los diputados consideraron carente de medidas concretas, la ministra llegó a admitir en Radio Agricultura que no sabía que se le exigía un plan estructurado.
Su paso por la cartera estuvo marcado por errores técnicos y fricciones. En un caso judicial en Valdivia, un magistrado acusó al Ejecutivo de hacer "ciencia ficción" al intentar imputar el delito de secuestro y utilizar una ley reservada únicamente para el Ministerio del Interior. Además, mantuvo una relación distante con el fiscal nacional, Ángel Valencia, y enfrentó fuertes críticas por desvincular a todo el equipo de la Unidad Estratégica y por una polémica gestión de recortes presupuestarios que luego tuvo que rectificar.
El punto de no retorno ocurrió este martes. Su salida se precipitó por dos factores determinantes: la confirmación de una interpelación en el Congreso y el próximo pronunciamiento de la Contraloría sobre un oficio enviado al director de la PDI respecto al traslado de funcionarios en Tarapacá, hecho vinculado a la remoción de la prefecta Consuelo Peña.
A pesar del apoyo del senador Arturo Squella, quien impulsó su nombramiento, su situación se volvió insostenible. La oposición ahora analiza el fallo de Contraloría para evaluar posibles acciones penales o una acusación constitucional.
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