¿Puede el Gobierno evitar un desembolso de 2,5 billones de pesos? La Casa Rosada busca una salida negociada con las universidades para desactivar el conflicto judicial abierto por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La propuesta oficial consiste en transferir fondos previstos en un proyecto alternativo presentado en el Congreso, pero bajo una condición clara: que las universidades retiren la medida cautelar que actualmente espera una definición de la Corte Suprema.
Sin embargo, existen diferencias profundas entre lo que exige la ley y lo que ofrece el Ejecutivo. La iniciativa oficial reconoce únicamente la pérdida salarial correspondiente a 2025, dejando fuera la recomposición reclamada desde el año 2023. El proyecto propone aumentos del 4,1% calculados sobre los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2025 y establece paritarias cada tres meses, aunque no obliga a actualizar los sueldos automáticamente por inflación, como sí prevé la normativa actual.
Sobre el funcionamiento, ciencia y técnica, no habría recomposición de partidas presupuestarias a menos que la inflación anual de 2026 supere el 14,5%. Un punto clave es la incorporación de una recomposición superior a los 80.000 millones de pesos para el sistema de salud universitario.
A pesar de que el Ministerio de Economía ya avaló estas partidas para una ejecución directa, el Consejo Interuniversitario Nacional ha desmentido cualquier avance. Desde el organismo que nuclea a los rectores aseguraron que no han recibido ninguna propuesta formal, afirmando tajantemente: “No hay nada de nada”. En paralelo, sigue sin avanzar la convocatoria para discutir una partida pendiente de 79.000 millones destinada a los hospitales universitarios.
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