En un operativo llevado a cabo en el barrio porteño de Constitución, la Policía de la Ciudad logró la detención de tres mujeres acusadas de comercializar estupefacientes. Las implicadas, quienes se encuentran en situación migratoria irregular, fueron capturadas en flagrancia durante una maniobra de venta de cocaína, lo que derivó en su posterior imputación y la orden de prisión preventiva dictada por la Justicia.
El procedimiento tuvo lugar en la calle Lima al 1400. Según el reporte oficial, un efectivo de la Policía de la Ciudad que se encontraba realizando un recorrido de prevención detectó una escena sospechosa: un grupo de hombres rodeaba a tres mujeres. La situación llamó la atención del agente cuando una de las mujeres extrajo diversos envoltorios del interior de un morral, sugiriendo una transacción de drogas en plena vía pública.
Ante la actitud detectada, el oficial procedió a dar la voz de alto. En ese instante, los hombres que acompañaban a las sospechosas emprendieron la huida, logrando escapar del lugar. Sin embargo, la mujer que portaba el morral no pudo evadir el accionar policial y fue detenida en el acto. Poco tiempo después, las otras dos mujeres involucradas fueron aprehendidas a pocos metros del sitio donde se originó el operativo.
Durante la requisa y el procedimiento de rigor, los efectivos policiales hallaron en poder de la mujer del morral un total de 15 envoltorios que contenían cocaína, además de una suma de 215.000 pesos en efectivo. Ante el hallazgo de la sustancia y el dinero, intervino la Unidad Fiscal Localizada (UFLA) Este, la cual ordenó la detención inmediata de las tres sospechosas, imputándolas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
En el marco de la investigación, se solicitó un informe a la Dirección Nacional de Migraciones para verificar la situación legal de las detenidas en el país. El reporte confirmó que las tres mujeres se encontraban en situación migratoria irregular. Los detalles revelaron situaciones particularmente graves: una de las mujeres ya había sido expulsada del territorio nacional en dos oportunidades previas, mientras que otra contaba con una orden de expulsión vigente y una prohibición explícita de reingresar al país.
Además de su situación migratoria, las detenciones pusieron al descubierto antecedentes penales. La mujer que tenía la orden de expulsión registraba cargos previos por los delitos de daños, tenencia de estupefacientes y exhibiciones obscenas. Por su parte, la tercera mujer detenida contaba con la residencia en el país vencida. Con base en estos elementos, la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°5, la jueza María Fernanda Botana, hizo lugar al pedido del auxiliar fiscal Carlos Caputto, de la UFLA Este, y dictó la prisión preventiva para las tres imputadas.
Este hecho no es un caso aislado en la zona. Días atrás, se llevó a cabo otro operativo en el mismo barrio de Constitución, específicamente en la calle Salta al 1500. En esa ocasión, una mujer de 40 años con antecedentes penales fue detenida bajo la misma acusación de venta de drogas. Este segundo caso se inició gracias a una alerta emitida por el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), que detectó una presunta maniobra de comercialización de estupefacientes a través de las cámaras de seguridad.
En aquel procedimiento, un efectivo policial interceptó a un hombre que acababa de adquirir droga de la sospechosa, lo que permitió la posterior identificación y detención de la mujer. El auxiliar fiscal Carlos Caputto también intervino en esta causa, imputándola por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Desde el Ministerio Público Fiscal porteño se confirmó que esta mujer también carecía de regularidad migratoria y poseía antecedentes penales. Un punto determinante para la decisión judicial fue que, al ser consultada sobre su domicilio, la mujer aportó tres direcciones diferentes. Para la fiscalía, esta inconsistencia reflejó una clara "falta de arraigo", motivo por el cual la jueza Botana también dictó su prisión preventiva al considerar que existían riesgos procesales significativos.
