Este lunes se puso en marcha el proceso judicial contra Justo Fernando Barrientos, el único imputado por el ataque incendiario que resultó en la muerte de Pamela Cobbas (52), Roxana Figueroa (43) y Andrea Amarante (42), y dejó heridas de gravedad a Sofía Castro Riglos (41). Durante la primera audiencia, el acusado escuchó los cargos formulados en su contra y decidió hacer uso de su derecho a no declarar.
El debate oral tuvo lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 5, iniciando sus actividades cerca de las 10 horas. La jornada estuvo marcada por una concurrencia masiva; la sala se encontraba colmada de asistentes y diversas personas debieron permanecer fuera del recinto debido a la falta de espacio físico. Barrientos, de 69 años, ingresó al juzgado bajo custodia y se mantuvo sentado frente al tribunal mientras el secretario leía los cuatro requerimientos de elevación a juicio, los cuales fueron presentados por el fiscal y las tres querellas intervinientes.
Al inicio de la sesión, el juez Adrián Pérez Lance se dirigió directamente al imputado con una advertencia clara: “Le voy a sugerir que preste atención a todo lo que va a ocurrir. Usted es quien va a ser juzgado, así que es el principal interesado”, señaló el magistrado.
Los hechos que se juzgan ocurrieron durante la madrugada del 6 de mayo de 2024 en una pensión ubicada en la calle Olavarría al 1600, en el barrio de Barracas. Según la acusación, las cuatro mujeres dormían en la habitación 14 cuando Barrientos, quien residía en la habitación contigua, irrumpió en el lugar y arrojó una bomba molotov. El dispositivo provocó un incendio inmediato y, mientras el fuego se propagaba, el imputado presuntamente golpeó a las mujeres para evitar que pudieran escapar de las llamas.
La investigación judicial sostiene que este ataque no fue un hecho aislado, sino que estuvo precedido por un contexto de hostigamiento y discriminación. Vecinos del lugar relataron haber escuchado al acusado insultar y amenazar a las víctimas debido a su orientación sexual. Como resultado del incendio, fallecieron Cobbas, Figueroa y Amarante —esta última sobreviviente de la tragedia de Cromañón—, mientras que Castro Riglos permaneció internada durante varias semanas debido a quemaduras graves. Tras cometer el ataque, Barrientos se refugió en la terraza del edificio, donde intentó quitarse la vida antes de ser detenido por las fuerzas de seguridad.
En cuanto a la calificación legal, el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi impulsa la acusación de homicidio agravado por odio a la orientación sexual, mediando violencia de género, alevosía y el uso de un medio idóneo para crear un peligro común. Asimismo, se le imputa el intento de homicidio contra Sofía Castro Riglos. De ser hallado culpable, Barrientos, quien cumple prisión preventiva desde hace dos años, podría enfrentar una condena de prisión perpetua.
El cuerpo legal de la querella incluye a la sobreviviente, Sofía Castro Riglos, representada por la abogada Luciana Sánchez. También participan las abogadas Flavia Macencio, Samanta Pedroso y Vanesa Calderón en representación de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+), con el objetivo primordial de que el crimen sea reconocido judicialmente como un ataque motivado por el odio.
El tribunal encargado de dictar sentencia está compuesto por los jueces Adrián Pérez Lance, Fabián M. Dinesta, Rafael A. Oliden y Fátima Ruiz López, mientras que la defensa de Barrientos está a cargo del defensor oficial Ricardo Vichielo.
La audiencia presentó momentos de tensión, particularmente cuando la defensa cuestionó la legitimidad de la abogada Luciana Sánchez para actuar como apoderada de la sobreviviente, argumentando que en etapas previas había actuado solo como patrocinante. No obstante, el planteo fue descartado luego de que la secretaría del tribunal confirmara la existencia de un poder especial firmado en abril de 2025.
Otro punto de debate fue la solicitud de la querella para que las audiencias fueran televisadas íntegramente. La abogada Sánchez argumentó que, al ser el primer juicio en la Justicia nacional que aborda específicamente el odio hacia las identidades lesbianas, el proceso posee un valor democrático que debería trascender los límites de la sala. El juez accedió parcialmente, pero decidió no transmitir en directo las declaraciones de los testigos presenciales para no afectar la espontaneidad de sus testimonios.
Finalmente, el defensor Vichielo solicitó la exclusión de una pericia de ADN que aún no ha sido incorporada al expediente, o bien la suspensión del debate hasta su conclusión, sosteniendo que su defendido debe conocer todas las pruebas antes de decidir si declara. El juicio continuará con audiencias programadas para el 22 de mayo, y los días 8, 10, 29 de junio y 1 de julio. En la próxima sesión declararán los policías Julio César Alarcón y Jeremías Ezequiel Retamar, seguidos posteriormente por Leonardo y Sergio Araujo, padre e hijo, testigos directos del ataque.
