En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Internet, la Defensoría de la Niñez ha presentado un estudio exhaustivo titulado “Responsabilidad del Estado y las Empresas como Garantes de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes en el Entorno Digital”. El documento plantea una tesis central y urgente: los peligros que enfrentan los menores de edad en el espacio virtual no pueden seguir siendo gestionados únicamente a través del autocuidado individual o la supervisión de los padres, sino que deben abordarse como un problema estructural.
Según el informe, la protección de los niños, niñas y adolescentes (NNA) requiere la intervención activa y responsable tanto del Estado como de las empresas tecnológicas que diseñan, administran y monetizan las plataformas digitales. Esta perspectiva busca desplazar la carga de la seguridad digital desde las familias hacia los actores que crean los entornos donde los jóvenes interactúan.
Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es la drástica evolución en el contacto de los menores con personas desconocidas en el entorno digital. De acuerdo con datos sistematizados de la Encuesta Kids Online, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que interactúan con personas que no conocen en la vida real aumentó significativamente, pasando de un 19% en 2016 a un 42% en 2022. Estos datos se ven reforzados por la Radiografía Digital de Niñas y Niños 2025, que revela que el 48% de los menores ha jugado en línea o se ha comunicado con desconocidos, mientras que un 40% afirma haber sido contactado por personas extrañas a través de las redes sociales.
Al respecto, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó que los riesgos digitales no dependen exclusivamente de las decisiones familiares o individuales. El funcionario señaló que existen dinámicas de exposición, presión social, uso de datos personales y, fundamentalmente, diseños de plataformas que superan las capacidades reales de control de los menores. Por esta razón, Quesille sostuvo que la protección digital debe integrar responsabilidades concretas para el Estado y las compañías tecnológicas.
El estudio también pone el foco en el impacto de los dispositivos móviles dentro del ecosistema escolar, alertando sobre un uso problemático. Los antecedentes revisados indican que el 28% de los estudiantes manifiesta sentir ansiedad cuando no tiene su teléfono celular durante las clases. Asimismo, un 30% de los alumnos reporta sentirse desconectado del mundo exterior al no disponer del dispositivo, y un 44% reconoce que pierde la noción del tiempo cuando utiliza el celular en la sala de clases.
Ante este escenario, el Defensor de la Niñez argumentó que el debate sobre la presencia de celulares y redes sociales en los colegios no debe limitarse a una dicotomía entre prohibir o permitir. En su lugar, Quesille propuso que la discusión incorpore criterios de salud mental, bienestar, convivencia escolar, educación digital y, crucialmente, la corresponsabilidad de las empresas desarrolladoras de estas herramientas.
Otro punto crítico abordado en el informe es la vulnerabilidad de los jóvenes frente a la desinformación. El estudio destaca que casi cuatro de cada diez estudiantes de 15 años en Chile han compartido información falsa en redes sociales sin notar que el contenido era inexacto. Este dato subraya la necesidad imperativa de fortalecer la ciudadanía digital y desarrollar capacidades críticas en los adolescentes para filtrar los contenidos que consumen y difunden en línea.
Además de la desinformación, el documento identifica una serie de riesgos persistentes y graves, tales como el ciberacoso, el acoso sexual digital, la exposición a contenidos ofensivos, discriminatorios o dañinos, la manipulación comercial, la publicidad digital agresiva, el perfilamiento algorítmico y el uso intensivo de datos personales de los menores.
En cuanto al marco normativo, el informe reconoce que Chile ha logrado avances mediante la Ley de Garantías de la Niñez y Adolescencia y la nueva Ley de Protección de Datos Personales. Sin embargo, advierte que persisten vacíos legales significativos. Entre las carencias más notables se encuentran la falta de una regulación integral de seguridad digital para NNA, la ausencia de obligaciones proactivas para que las plataformas mitiguen riesgos, la inexistencia de estándares claros para la verificación de edad, la falta de reglas específicas sobre publicidad digital dirigida a menores y la carencia de una institucionalidad especializada que supervise el cumplimiento de estas obligaciones.
Anuar Quesille concluyó que la idea de que la supervisión familiar es suficiente ha resultado insuficiente. Para el Defensor, es necesario avanzar hacia reglas claras con un enfoque de derechos, que incluyan la prevención desde el diseño, la transparencia algorítmica, la protección de datos y mecanismos efectivos de denuncia y reparación. La Defensoría de la Niñez recalcó que el objetivo no es aislar a los menores del mundo digital, sino garantizar que el internet, la inteligencia artificial, los videojuegos y las redes sociales sean espacios seguros y respetuosos de sus derechos y etapas de desarrollo.
