La situación jurídica y el estado físico del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Henríquez, se han convertido en el centro de una creciente preocupación jurídica y humanitaria. El funcionario se encuentra actualmente privado de libertad bajo la medida de prisión preventiva en el marco del proceso judicial denominado "Caso Triple A y grillete". No obstante, el foco de la controversia se ha desplazado recientemente hacia las condiciones de su reclusión en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Santa Elena, también conocido como la cárcel del Encuentro.
A través de un pronunciamiento oficial difundido este 18 de mayo, el equipo jurídico encargado de la defensa del alcalde ha emitido una alerta urgente sobre el progresivo deterioro físico que presenta el mandatario local. Según los abogados, existen imágenes obtenidas desde el centro penitenciario que muestran una visible y drástica pérdida de peso en Aquiles Álvarez, lo que evidencia un quebranto significativo en su estado de salud general.
La defensa ha sido enfática al señalar que el alcalde aún no cuenta con una sentencia condenatoria ejecutoriada, por lo que su condición de procesado bajo prisión preventiva debería garantizar el respeto irrestricto a sus derechos fundamentales. En este sentido, el equipo legal ha subrayado que el Estado ecuatoriano es el máximo responsable de velar por la vida y la integridad física de la persona privada de libertad. "El Estado ecuatoriano es responsable de la vida e integridad de Aquiles Álvarez", recalca el comunicado, cuestionando el silencio mantenido por las autoridades competentes sobre la condición médica actual del funcionario.
Desde el ámbito legal, los abogados argumentan que la Constitución de la República del Ecuador es clara al garantizar que todas las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir una atención médica adecuada, así como a la protección frente a cualquier tipo de trato cruel o degradante. Sin embargo, la defensa denuncia que, hasta la fecha, no se ha hecho pública ninguna evaluación médica ni existen reportes oficiales que informen sobre el estado de salud real del alcalde, lo que agrava la incertidumbre sobre su bienestar dentro del recinto penitenciario.
A este cuadro de deterioro físico se suma una alerta sanitaria alarmante. El equipo jurídico ha expuesto denuncias sobre un presunto brote de tuberculosis dentro del CPL Santa Elena. De confirmarse esta situación, la defensa sostiene que el Estado tendría la obligación inmediata de transparentar todas las medidas adoptadas para contener la enfermedad y, primordialmente, garantizar una atención médica especializada para evitar que las consecuencias sanitarias sean mayores para los internos, incluido el alcalde. Al respecto, el pronunciamiento es tajante: “Callar frente a una posible crisis sanitaria dentro de una cárcel no es una omisión menor: es una grave irresponsabilidad institucional”.
Además de las preocupaciones médicas, la defensa ha denunciado la existencia de presuntas limitaciones para mantener un contacto efectivo y regular con el alcalde dentro de la cárcel del Encuentro. Según el equipo legal, estas restricciones en las reuniones han dificultado la formalización de documentos esenciales y han afectado el ejercicio pleno de la defensa técnica del procesado.
Los abogados argumentan que impedir el acceso regular a sus representantes legales constituye una vulneración directa al artículo 76, numeral 7, de la Constitución ecuatoriana, el cual regula el derecho al debido proceso. Para la defensa, el hecho de que una persona sin sentencia ejecutoriada pierda salud y condiciones dignas bajo custodia estatal es una situación que el país debe observar con preocupación.
El documento finaliza con una advertencia severa hacia las autoridades estatales. El equipo jurídico sostiene que, si el Estado no garantiza la protección y la integridad de quien se encuentra bajo su responsabilidad, la situación podría escalar más allá de los tribunales internos, convirtiéndose en una vulneración constitucional y en un posible caso de alcance internacional.
