El exdiputado y fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, ha lanzado fuertes críticas contra el exmandatario Rodrigo Chaves, asegurando que este último cedió ante presiones directas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para bloquear las relaciones comerciales entre el Estado costarricense y la empresa tecnológica china Huawei.
A través de una publicación realizada en su cuenta oficial de Facebook este viernes, Solís afirmó que Trump ordenó a Chaves prohibir que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), empresa estatal de telecomunicaciones, realizara negocios con el gigante asiático. Según el exlegislador, el entonces presidente costarricense aceptó la instrucción de manera sumisa, lo que derivó en una decisión que obligó al ICE a buscar proveedores alternativos que resultaron ser más costosos y, según describe Solís, tecnológicamente más atrasados.
Estas declaraciones surgen en el contexto del cierre de la visita oficial de Donald Trump a Xi Jinping, su homólogo chino. Solís señaló que dicha visita fue utilizada por el mandatario estadounidense para exhortar a los empresarios de su propio país a establecer vínculos comerciales con empresas chinas. Para el fundador del PAC, esto evidencia un doble discurso por parte de la administración estadounidense, ya que mientras incentiva a sus propias empresas a operar en China, impidió que Costa Rica hiciera lo mismo con Huawei.
En su publicación, Solís expresó su indignación señalando que parece existir una lógica donde China es vista como un socio viable para las empresas estadounidenses, pero no para las costarricenses. El exdiputado fue tajante al afirmar que, aunque los dobles estándares de Donald Trump no deberían sorprender, el hecho de que el presidente costarricense haya acatado la orden sin resistencia demuestra una incapacidad de muchos dirigentes políticos para comprender los conceptos de dignidad, independencia y soberanía nacional.
Ante estas acusaciones, se tramitó una consulta a través de Arnold Zamora, ministro de Comunicación, con el objetivo de obtener una respuesta oficial por parte de Rodrigo Chaves, quien actualmente desempeña las funciones de ministro de la Presidencia y de Hacienda.
El conflicto entre el Gobierno de Chaves y Huawei tiene un trasfondo complejo vinculado a la concesión de la tecnología 5G en el país. En el año 2024, el Poder Ejecutivo informó sobre la interposición de una denuncia penal contra la compañía internacional y su representante legal en Costa Rica, el gerente Yang Peng. La denuncia también alcanzó a dos funcionarios y tres exfuncionarios del ICE.
En aquel momento, tanto el presidente Chaves como Marco Acuña, quien fungía como presidente del Instituto, mencionaron la existencia de presuntos delitos que incluyen el incumplimiento de deberes, fraude de ley, tráfico de influencias y cohecho propio, entre otros cargos. A pesar de la gravedad de las acusaciones, en ese entonces no se detallaron específicamente en qué consistirían las irregularidades imputadas.
La retórica del Gobierno contra la empresa china se intensificó el pasado miércoles 11 de diciembre, cuando el presidente Chaves calificó la situación como posiblemente uno de los escándalos de corrupción más descarados y grandes que se hayan visto en la historia de la patria.
La tensión alcanzó un punto crítico el 26 de febrero de 2025, fecha en la que el exmandatario informó sobre la decisión de retirar las visas de ingreso a Estados Unidos a Yang Peng y a otros funcionarios y excolaboradores del ICE involucrados en el caso.
Como resultado de este proceso, a mediados de abril de este año, el ICE comunicó formalmente que descartó las ofertas presentadas por Huawei y Samsung para la licitación de la red 5G. Esta decisión se tomó a pesar de que ambas compañías habían presentado las ofertas económicamente más baratas en comparación con el resto de los concursantes.
Finalmente, el ICE adjudicó el proyecto a la empresa Ericsson. No obstante, el proceso no ha concluido legalmente, ya que actualmente existen cuatro apelaciones pendientes de resolución ante la Contraloría General de la República (CGR).
