La muerte de Jose Guadalupe Ramos, un hombre de 52 años que residió en Estados Unidos durante casi tres décadas, ha puesto de relieve una crisis sistémica de atención médica en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ramos falleció el pasado 25 de marzo en un remoto centro de detención en el sur de California, en circunstancias que sus compañeros de celda describen como una negligencia evitable. Marco Martinez, quien dormía en la litera contigua, relató que Ramos presentó graves dificultades respiratorias, se puso morado y sus ojos se volvieron hacia atrás. A pesar de los gritos de auxilio de los detenidos, el personal médico tardó 10 minutos en responder. Al llegar, las enfermeras intentaron reanimarlo con un tanque de oxígeno que no funcionaba, resultando los esfuerzos insuficientes.
El caso de Ramos es solo uno de los casi 50 fallecimientos de detenidos registrados desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo y comenzó a impulsar deportaciones masivas. Los datos indican que en 2025 murieron más personas bajo custodia que en cualquier otro año en las últimas dos décadas, y la tendencia para 2026 sugiere que la cifra podría ser aún mayor. Una investigación realizada por CNN sugiere que muchas de estas muertes fueron prevenibles, vinculando los desenlaces fatales a un tratamiento deficiente y a la falta de personal médico en instalaciones que lidian con poblaciones en aumento.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus contratistas, como GEO Group y CoreCivic, han mantenido una postura opaca sobre la disponibilidad de personal médico, rechazando solicitudes de información detallada. Sin embargo, un informe exclusivo de la oficina del fiscal general de California revela condiciones alarmantes. En el Adelanto ICE Processing Center, donde murió Ramos, se registró que en julio de 2025 había menos médicos y profesionales avanzados que en febrero de 2021, a pesar de que la población de detenidos había aumentado de menos de 100 a más de 2,000 personas. En otros centros del estado, inspectores reportaron una "falta de personal de atención médica a nivel de crisis", señalando que no se realizaron las evaluaciones requeridas ni se brindaron derivaciones adecuadas para pacientes con afecciones crónicas.
Este deterioro se ve agravado por un cambio radical en las políticas de detención. Mientras que las administraciones de Obama y Biden limitaban la detención de inmigrantes ancianos o enfermos, la actual administración Trump rescindió estas directivas mediante una orden ejecutiva para acelerar las detenciones. Ahora, la decisión de liberar a un detenido ya no recae en el liderazgo local de ICE, sino que requiere la aprobación del director de la agencia. El resultado es una población detenida significativamente más envejecida y enferma; el número de personas de 65 años o más en detención aumentó de unas 800 en el último año de Biden a unas 2,500 en el primer año del segundo mandato de Trump.
La investigación de CNN identificó al menos una docena de casos donde una mejor atención podría haber evitado la muerte. Huabing Xie, de 53 años, falleció de un ataque cardíaco masivo días después de que el personal médico tardara 11 días en recetarle medicación para la hipertensión, a pesar de haberlo informado al ingresar. Maksym Chernyak, un ucraniano de 44 años, murió tras un posible derrame cerebral; aunque el informe de ICE indicaba que no tenía afecciones médicas, la autopsia reveló antecedentes de hipertensión y uso de medicamentos para prevenir ataques cardíacos, datos que no figuran en los registros de la agencia. Asimismo, Emmanuel Damas, un haitiano de 56 años, murió de shock séptico derivado de una infección dental que, según testimonios, fue tratada únicamente con ibuprofeno durante dos semanas.
Desde el DHS, un portavoz sostiene que se proporciona el tratamiento adecuado y niega que haya superpoblación o un aumento en las tasas de mortalidad, argumentando que la atención brindada es superior a la de muchas prisiones para ciudadanos estadounidenses. Por su parte, GEO Group y CoreCivic aseguran adherirse a todas las normas federales y brindar acceso a salud las 24 horas. No obstante, expertos como Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria de ICE, advierten que llenar las instalaciones por encima de su capacidad exacerba los problemas y pone presión insoportable sobre el sistema. Jonathan White, excomandante del Servicio de Salud Pública, calificó de "actividad de alto riesgo" la expansión rápida de la capacidad de emergencia bajo presión política.
Ante este escenario, la representante Delia Ramirez ha solicitado investigaciones independientes, denunciando que miles de personas podrían quedar almacenadas en condiciones inhumanas y sin atención médica básica. Mientras tanto, la viuda de Ramos, Antonia Tovar, exige justicia para su esposo, quien trabajó durante casi 30 años en una lavandería industrial para sostener a su familia y que, según sus allegados, no merecía morir en medio de la desidia institucional.
