La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) ha intervenido la alcaldía de Tocoa, Colón, tras la captura del exalcalde Adán Fúnez, quien es señalado como el autor intelectual del asesinato del ambientalista y exregidor municipal Juan López. Este crimen, ocurrido el 14 de septiembre de 2024, no es considerado por los investigadores como un hecho aislado, sino como el resultado de una persecución sistemática contra López, quien había logrado descubrir una compleja red de corrupción y financiamiento que vinculaba al exmandatario municipal con grupos armados y actividades extractivistas mineras.
De acuerdo con investigaciones a las que tuvo acceso La Prensa, Juan López había obtenido días antes de su muerte documentos que evidenciaban la malversación de caudales públicos y la falsificación de documentos oficiales dentro de la municipalidad de Tocoa. Adán Fúnez gobernó dicha municipalidad durante dos décadas, entre 2006 y 2026. Una semana antes de ser asesinado, López visitó la vivienda de un empleado municipal, cuya identidad permanece reservada, para validar pruebas que implicaban directamente a Fúnez en actos de corrupción vinculados a personas cercanas y a un grupo armado asentado en la aldea Quebrada de Arena, ubicada a unos 15 minutos de Tocoa, sobre la carretera CA-13.
Las investigaciones revelan que la municipalidad de Tocoa operaba una "caja chica" bajo el mando de Fúnez para beneficiar a un círculo íntimo. Entre febrero y diciembre de 2024, el exalcalde emitió 38 órdenes de compra por concepto de alimentación a favor del restaurante “Servicios e Inversiones Lideny”, propiedad de una amiga cercana. Juan López detectó que estos pagos no eran transacciones comerciales legítimas, sino un mecanismo de clientelismo presupuestario utilizado para financiar a personas ligadas a bandas armadas.
Un ejemplo concreto de este fraude ocurrió en abril de 2024, cuando Fúnez autorizó un pago para alimentar al personal de la Unidad Técnica Municipal (UTM) durante un levantamiento en la comunidad de Prieta. Mientras que las planillas oficiales indicaban que la UTM contaba con ocho empleados, el listado presentado para justificar el cobro incluía a 100 personas, divididas en cinco listas de 20 nombres. Además, se observó que los nombres y firmas en dichos documentos fueron aparentemente escritos por una sola persona.
La relación entre el exalcalde y la dueña de “Servicios e Inversiones Lideny” es profunda y antigua; documentos de 2016 muestran que la propietaria y su padre sirvieron como avales hipotecarios para un préstamo personal de Fúnez con un banco estatal, sugiriendo un vínculo que data de principios de los años 2000. Esta red de contratos se extendía a otros negocios familiares: el Comedor Nayali, propiedad de la madre de la dueña de Lideny, recibió más de medio millón de lempiras en 2024, mientras que la empresa Servicios Tecnológicos recibió casi un millón de lempiras en menos de un año, incluyendo un pago de 275,390 lempiras para equipo de oficina en Tesorería.
El cerco contra Fúnez comenzó a cerrarse en julio de 2024. La noche del 4 de julio, el departamento de Tesorería de la alcaldía fue consumido por un incendio. Testimonios anónimos indican que el siniestro fue provocado para destruir evidencia contable, asegurando que los guardias de seguridad recibieron órdenes de no intervenir a cambio de garantías de impunidad. Cuando se cuestionó la ausencia de estos procesos de compra en el portal de transparencia, la respuesta oficial fue que los respaldos se quemaron en dicho incendio. Se constató que la última carga de información al portal ocurrió el 2 de julio, dos días antes del fuego, y que cinco de los diez cheques emitidos ese día fueron para el restaurante vinculado a la amiga de Fúnez.
La investigación también vincula a estas familias con el crimen organizado. La madre de la propietaria de “Servicios e Inversiones Lideny” es hermana de Luis Alonso Tábora, exlíder de la banda criminal "Los Tábora", quien trabajó en la Unidad Municipal Ambiental antes de pasar a empresas mineras. Esta estructura, junto a la banda “Los Cachos” liderada por Juan Carlos Lezama, habría sido utilizada para intimidar a regidores de oposición y a ambientalistas que se oponían a las extractoras de minas.
Finalmente, se acusa a Adán Fúnez de falsificar actas de la Corporación Municipal para permitir la operación de un proyecto minero que amenazaba el río Guapinol, a pesar de que el acta oficial registraba que no se habían otorgado permisos. Adán Fúnez fue capturado el 12 de mayo en un allanamiento a su vivienda y permanece en prisión junto a los empresarios Héctor Méndez y Juan Ángel Ramos, señalados como autores intelectuales del asesinato de Juan López.
