En una sesión ordinaria celebrada este martes 12 de mayo en Tegucigalpa, el pleno del Congreso Nacional de Honduras aprobó un paquete integral de amnistías diseñado específicamente para mitigar la asfixia económica que afecta a miles de hogares y empresas en el país. Esta medida legislativa surge como respuesta a la acumulación de deudas por servicios básicos y obligaciones fiscales que, según el análisis del ente legislador, se han vuelto impagables para un sector considerable de la población y el sector productivo.
El decreto aprobado establece un periodo de gracia de cuatro meses, creando una ventana de oportunidad para que los contribuyentes puedan regularizar su situación financiera. El beneficio principal consiste en que los ciudadanos y las empresas podrán ponerse al día con sus obligaciones sin tener que enfrentar el castigo de multas, recargos o intereses acumulados. Esta decisión reconoce formalmente que la crisis económica actual ha dificultado el cumplimiento de las responsabilidades institucionales.
De acuerdo con la fundamentación de la ley, esta iniciativa responde a una marcada desaceleración económica que ha mermado el poder adquisitivo de los hondureños. Este escenario ha provocado un incremento significativo en la mora de instituciones clave para la administración y el bienestar social, destacando principalmente el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
La estrategia del Gobierno y el Legislativo no se limita únicamente a brindar un respiro al bolsillo del ciudadano, sino que posee un objetivo financiero estratégico: fortalecer las arcas del Estado. Al incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales en un periodo de baja recaudación, se busca reactivar el flujo de fondos hacia las instituciones públicas.
La diputada Tania Pinto, proyectista de la ley, subrayó la importancia de esta medida para quienes enfrentan situaciones económicas críticas. Según la legisladora, es sumamente difícil para las personas y empresas ponerse al día cuando no se dispone del capital necesario en los plazos establecidos, por lo que esta amnistía representa un beneficio directo para quienes tienen la voluntad de pagar pero carecen de la capacidad inmediata debido a la crisis.
En términos específicos, el beneficio de la amnistía tributaria permitirá que aquellos obligados que no hayan cumplido con sus deberes materiales o formales hasta el 31 de diciembre de 2025 puedan realizar sus pagos de forma extemporánea, quedando exentos de sanciones pecuniarias.
Uno de los puntos más relevantes del decreto es el impacto social directo en el ámbito de la salud. En el caso del Seguro Social, la ley obliga a la institución a restablecer de manera inmediata el acceso a los servicios médicos para aquellos afiliados cuyos patronos decidan acogerse a este beneficio. Esta disposición resuelve un conflicto crítico que afectaba a miles de trabajadores que, a pesar de haber realizado sus cotizaciones, se encontraban desprotegidos y sin acceso a la salud debido a la morosidad de sus empleadores, tanto en el sector público como en el privado.
La diputada Pinto detalló que esta medida genera un beneficio doble: por un lado, el beneficiario final recupera el acceso a los servicios médicos y regulariza su responsabilidad fiscal, y por otro lado, el IHSS logra captar fondos esenciales para su funcionamiento.
Además, el decreto actúa como un mecanismo de rescate para otros beneficios que estaban próximos a expirar o que presentaban fallas en su ejecución. La amnistía municipal, que se encontraba a solo dos días de vencer, ha sido extendida por los mismos cuatro meses. Del mismo modo, se extendieron los beneficios para los usuarios del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y otras empresas locales de agua potable en diversos municipios.
Sobre la necesidad de esta nueva ley, la legisladora nacionalista explicó que la amnistía tributaria del IHSS ya había vencido y que, aunque la tributaria general estaba vigente, existía un problema de redacción técnica que impedía que las empresas pudieran hacer uso efectivo del beneficio.
Finalmente, la diputada enfatizó que el espíritu de esta ley no es premiar el incumplimiento o la morosidad, sino ofrecer una oportunidad real de reinserción productiva en un contexto marcado por la inflación y el encarecimiento de los servicios básicos. El decreto entrará en vigencia de manera inmediata una vez sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
