Este viernes, 8 de mayo de 2026, las autoridades de Venezuela llevaron a cabo la exhumación del cuerpo de Víctor Quero Navas, un ciudadano identificado como preso político. Esta acción se produce luego de que el Gobierno venezolano reconociera, apenas el día jueves, que el hombre había fallecido hace diez meses, hecho que desencadenó una orden de investigación inmediata por parte de la Fiscalía General. La información sobre el procedimiento fue suministrada a la agencia EFE por dos organizaciones no gubernamentales que han seguido de cerca el caso.
De acuerdo con las declaraciones de Martha Tinedo, coordinadora general de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), el proceso de exhumación se desarrolló durante la jornada del viernes. Tinedo señaló que en el lugar se encontraba presente la madre del fallecido, Carmen Navas, quien estuvo acompañada durante este doloroso momento para recuperar los restos de su hijo. El operativo tuvo lugar en un cementerio ubicado en el sureste de la ciudad de Caracas, donde se pudo constatar el despliegue de patrullas pertenecientes al Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC). Este organismo policial fue el encargado de iniciar las averiguaciones el pasado mes de marzo, basándose en que el Gobierno tuvo conocimiento del caso a través de publicaciones en redes sociales.
Desde la organización JEP se ha manifestado una profunda preocupación respecto a la naturaleza y la autonomía de las pesquisas. Martha Tinedo enfatizó que la independencia de la investigación es un punto crítico, argumentando que la comisión encargada de esclarecer los hechos debería haber estado integrada por investigadores independientes y, preferiblemente, por expertos internacionales. La organización lamentó que el proceso ya haya sido iniciado bajo el esquema actual, pero reiteró que continuarán exigiendo que las diligencias conduzcan a la verdad plena y al establecimiento legal de las responsabilidades correspondientes.
En concordancia con esta postura, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) emitió un pronunciamiento condenando las circunstancias del caso. La organización destacó la tragedia de que Carmen Navas, una mujer de 86 años, tuviera que reconocer el cuerpo de su hijo en condiciones que, según la ONG, estremecen al país. Para el OVP, este hecho deja en evidencia la crueldad de un sistema capaz de desaparecer a una persona, ocultar información vital a sus familiares y borrar la verdad sobre una muerte durante varios meses.
Respecto a los antecedentes de la detención, datos proporcionados por la ONG Foro Penal indican que Víctor Quero Navas se encontraba privado de libertad desde enero de 2025. Según los registros de esta organización, el motivo aparente de su arresto se vincula con su pasado institucional, bajo la supuesta premisa de haber prestado servicio militar en el año 2023. Durante meses, su madre denunció públicamente que su hijo había sido víctima de una detención arbitraria y de una desaparición forzada, sin obtener respuestas claras de las autoridades hasta el pasado jueves.
Fue en esa fecha cuando el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó finalmente el fallecimiento del preso. A través de un comunicado oficial, la cartera de Estado informó que Quero Navas permaneció recluido en el centro penitenciario El Rodeo I, situado en las cercanías de Caracas, desde el 3 de enero de 2025. El documento oficial detalla que el interno fue trasladado a un centro hospitalario el 15 de julio del mismo año, luego de que presentara un cuadro clínico caracterizado por síndrome febril agudo y hemorragia digestiva superior.
Según la versión oficial del ministerio, el paciente falleció casi diez días después del traslado, siendo la causa de muerte una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a un tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, el organismo gubernamental intentó justificar la falta de comunicación con los familiares asegurando que, durante su tiempo de reclusión, Quero Navas no suministró datos sobre sus vínculos filiatorios y que ningún familiar se presentó formalmente a solicitar visitas.
Esta versión fue cuestionada por activistas, partidos políticos y diversas ONG, quienes realizaron múltiples llamados para que se abriera una investigación independiente. Ante la presión social y las dudas sobre los argumentos presentados por el ministerio penitenciario, la Fiscalía informó sobre el inicio de las averiguaciones y ordenó la exhumación del cuerpo para determinar las causas reales del deceso y las circunstancias que rodearon su custodia.
