En la ciudad de Puerto Montt, específicamente en la región de Los Lagos, se ha desatado una grave crisis de convivencia escolar que ha trascendido los muros del aula para convertirse en un proceso judicial. Dos estudiantes de octavo año básico del Colegio Alerce se encuentran actualmente enfrentando una querella criminal debido a una serie de amenazas extremas y violentas proferidas contra una docente y la familia del director del establecimiento. Los hechos, que han causado conmoción en la comunidad educativa, se originaron y propagaron a través de un chat grupal de WhatsApp, herramienta que fue utilizada por los menores para coordinar y sugerir actos delictivos de alta gravedad.
De acuerdo con los antecedentes recopilados y la información obtenida por Radio Bío Bío, los principales implicados en este caso son dos adolescentes de 14 y 15 años de edad. Sin embargo, la investigación revela que no actuaron solos, sino que fueron alentados y apoyados por otros compañeros de curso, algunos de los cuales tienen apenas 13 años. El contenido de las conversaciones en el grupo de WhatsApp es descrito como crudo y alarmante, evidenciando una preocupante falta de empatía y respeto hacia la autoridad docente.
En los mensajes interceptados, se puede leer cómo comienza la escalada de violencia. Un estudiante inició los comentarios refiriéndose a la profesora con expresiones despectivas, cuestionando su paciencia o forma de actuar. A esto, otro alumno respondió con una propuesta estremecedora: "¿Y si la violamos?". Esta sugerencia no fue rechazada por el grupo, sino que fue respaldada por una compañera quien instó a los demás diciendo: "Violenla entre todos igual a la tía", mientras que otro menor añadió que a la docente "se nota que no le dan en casa".
La agresividad de los menores no se detuvo en las amenazas contra la profesora. Los estudiantes escalaron sus planes hacia la familia del director del establecimiento. En el mismo hilo de conversación, uno de los alumnos propuso secuestrar a los hijos del director del colegio. El objetivo de este presunto secuestro sería doble: solicitar un rescate económico de 10 millones de pesos y exigir, como condición adicional, que se les permitiera utilizar los teléfonos celulares durante las horas de clase. Asimismo, entre las amenazas vertidas en el chat, se encontraba la posibilidad de quemar el edificio del colegio.
La docente afectada tuvo acceso a estos mensajes el pasado 22 de abril, mientras se encontraba desempeñando sus labores en plena jornada laboral. El impacto emocional de descubrir que sus propios alumnos planificaban agresiones sexuales contra ella y atentados contra el colegio y la familia del director fue devastador. Ante la gravedad de los hechos, la profesora decidió no dejar pasar la situación y procedió a interponer una querella criminal contra los involucrados, solicitando además la implementación de medidas de protección urgentes para garantizar su integridad física y psíquica.
En la actualidad, la situación de la docente es crítica. Su abogado, Mauricio Sáez, ha confirmado que la profesora se encuentra con licencia médica, ya que el temor provocado por las amenazas es persistente. El jurista señaló que, a pesar de la gravedad, la docente no cuenta con medidas de protección oficiales en este momento, limitándose a permanecer en su hogar debido al miedo que siente. Sáez explicó que la recomendación legal fue mantener la licencia médica, subrayando un punto clave del caso: por la naturaleza específica de los hechos, no resultaba aplicable el protocolo de "Aula Segura", lo que motivó la interposición de acciones legales independientes a través de una querella criminal.
Por su parte, las autoridades educativas han respondido al caso. Faustino Villagra, director subrogante del Departamento de Educación Municipal (DAEM), informó que se ha activado el protocolo de convivencia escolar. Según Villagra, el Departamento de Convivencia Escolar del colegio está trabajando de manera coordinada y en red con el equipo de Convivencia Escolar del DAEM. El director subrogante aseguró que se mantendrá informada a la comunidad sobre los avances del caso a partir de la próxima semana.
Hasta el momento, los estudiantes implicados no han recibido sanciones administrativas directas. El DAEM ha justificado esta demora explicando que se encuentran a la espera de que la Superintendencia de Educación entregue las directrices y los pasos legales a seguir, considerando que el caso involucra a menores de edad que cursan la enseñanza básica, lo que requiere un manejo procedimental específico según la normativa vigente.
