Los Ángeles, EE.UU.- Organizaciones de derechos civiles han presentado una nueva demanda en un intento por detener la implementación de partes clave de una ley de Texas que permitiría a las autoridades estatales arrestar y deportar a personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera con México. La demanda, interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, busca una orden judicial que impida que varias disposiciones del Proyecto de Ley del Senado 4 (SB4) entren en vigor el 15 de mayo.
Aprobada en 2023, la SB4 ha estado en pausa debido a una demanda anterior de la ACLU. Sin embargo, un Tribunal de Apelaciones revocó recientemente ese fallo, determinando que las organizaciones demandantes no tienen la legitimación procesal necesaria.
La ley criminaliza la entrada irregular al país desde México, estableciendo penas de hasta seis meses de cárcel para delitos menores y hasta 20 años para reincidentes. La demanda actual se centra en cuatro disposiciones específicas: la criminalización de la reentrada no autorizada, el incumplimiento de órdenes judiciales estatales relacionadas con inmigración, la facultad otorgada a los jueces estatales para ordenar deportaciones y la obligación de continuar con los procesos judiciales estatales incluso cuando exista un caso migratorio federal pendiente.
Adriana Piñon, directora legal de la ACLU de Texas, advirtió que la SB4 transformaría a nuestra policía y a nuestros jueces en agentes de inmigración , poniendo en riesgo a residentes con familias, años de arraigo e incluso estatus legal. Subrayó que la aplicación de las leyes de inmigración es competencia exclusiva del gobierno federal.
La inminente entrada en vigor de la SB4 coincide con la presión ejercida por el gobernador Greg Abbott sobre las principales ciudades del estado para que colaboren con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en respuesta a la oposición ciudadana a las políticas de inmigración más estrictas.
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