Jorge Suárez, ex subdirector de Emergencias de la Comunitat Valenciana y figura clave en el dispositivo ante la DANA del pasado otoño, ha declarado ante la jueza instructora que el retraso en el envío del mensaje de alerta a la población a través del sistema ES-Alert se debió a dudas legales planteadas por la entonces consellera de Presidencia, Salomé Pradas. Suárez, que compareció por segunda vez tras ser citado, insistió en que el borrador inicial del mensaje, destinado a los municipios aguas abajo de la presa de Forata, fue modificado eliminando la instrucción de permanezcan en sus domicilios porque, según Pradas, carecía de cobertura legal. La consellera, según el testigo, solicitó una consulta y se optó por la expresión suspender desplazamientos .
La jueza ha indagado repetidamente sobre si esta modificación se debió a la preocupación de Pradas de que se estuviera implementando, de facto, un confinamiento. Suárez ha afirmado que Pradas nunca explicaba los motivos para una decisión u otra y que no se ofrecían argumentos durante las reuniones del Centro de Coordinación Operativa (Cecopi). El testigo relató que Pradas se ausentó en varias ocasiones del Cecopi para resolver estas dudas jurídicas, a pesar de que Suárez le había recordado que la Ley de Emergencias le atribuía las competencias para tomar esas decisiones.
Suárez ha mantenido que el mensaje original solo iba a ser enviado a los municipios potencialmente afectados por una rotura de la presa de Forata. Sin embargo, la magistrada ha sugerido que el texto podría haber generado confusión al ser difundido a toda la provincia, dada la situación del barranco de El Poyo.
Otro punto clave de la investigación se centra en determinar cuándo se tuvo conocimiento de la retirada de los bomberos del barranco de El Poyo. Suárez ha declarado que no recibió esta información en el Cecopi ni se la transmitió nadie. La Fiscalía ha profundizado en la hora en que se decretó la situación 2 de Emergencia para toda la provincia, alrededor de las 19 horas, basándose en las llamadas al 112 y las consultas de los alcaldes. Suárez ha explicado que esta decisión fue una propuesta técnica de la sala de Emergencias, trasladada a Pradas y Emilio Arg eso.
Suárez ha defendido que su equipo no era responsable de realizar análisis meteorológicos y ha señalado que la información proporcionada por Aemet no anticipó la intensidad de las lluvias que finalmente se produjeron. Además, ha afirmado que el Cecopi no recibió información sobre las llamadas de alerta que se estaban recibiendo en el 112. El retraso en el envío del ES-Alert, según Suárez, se debió a decisiones políticas, no a criterios técnicos. El primer borrador del mensaje estaba listo a las 18.32 horas y se planteó durante el Cecopi a las 19 horas, pero no se envió hasta las 20.11 horas tras la aprobación de Pradas.
El testigo ha relatado que no tuvo conocimiento de la existencia de fallecidos hasta que José Miguel Basset, jefe de los Bomberos, le informó del rescate de un cuerpo, aunque no recuerda la hora exacta de esa conversación. Suárez ha negado que se dieran órdenes para coordinar a las diferentes consellerias durante la emergencia y ha rechazado la idea de que la DANA del 29 de octubre fuera un episodio de libro , como sugirieron algunos peritos de la Universitat.
Suárez ha añadido que la gravedad de la situación se vio agravada por la ubicación de los eventos, señalando que si la emergencia hubiera ocurrido en el barranco del Carraixet, las consecuencias habrían sido diferentes. La defensa de Pradas ha argumentado que el Comité de Seguimiento de Riesgos y la CHJ no habían informado de ningún peligro por aumento de los caudales en los barrancos, lo que, según Suárez, perjudicó la gestión de la emergencia. En definitiva, ha defendido que se hizo todo lo posible con la información disponible y que no se esperaba una catástrofe de tal magnitud.
La declaración de Suárez también ha arrojado luz sobre la llegada del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, al Cecopi a las 20.28 horas. Suárez ha afirmado que Mazón era el jefe y que, aunque no se había declarado la situación de emergencia catastrófica, se entendía que era el president y no un miembro más del equipo. El TSJ ya ha descartado la existencia de indicios delictivos contra Mazón, al no tener la posición de garante ni haber mediado en el envío del mensaje del ES-Alert.
La llegada de Mazón al Cecopi ha sido objeto de controversia, ya que inicialmente declaró haber entrado en las instalaciones alrededor de las 19 horas, pero posteriormente modificó su relato para admitir que no estuvo presente hasta las 20.28 horas, según las imágenes de las cámaras de seguridad. Mazón pasó la tarde en el restaurante El Ventorro acompañado de la periodista Maribel Vilaplana.
La declaración de Suárez aporta nuevos elementos a la investigación judicial sobre la gestión de la DANA, centrando la atención en las decisiones tomadas por la entonces consellera de Presidencia y en el retraso en el envío del mensaje de alerta a la población. La jueza instructora continúa recabando pruebas para determinar si hubo negligencias o irregularidades en la gestión de la emergencia.
