Ecuador implementó un nuevo toque de queda nocturno en nueve provincias clave del país, incluyendo Guayas y Pichincha, en un intento por frenar la creciente ola de violencia atribuida a bandas criminales. La medida, que estará vigente de 23:00 a 5:00 horas hasta el 18 de mayo, busca reducir los altos índices delictivos que concentran el 90% de la violencia nacional. Esta es la segunda vez en el año que el presidente Daniel Noboa recurre a esta estrategia, tras un 2025 marcado por un récord de homicidios.
El decreto, anunciado este domingo, busca intensificar las operaciones contra las organizaciones criminales que han sumido al país en una espiral de violencia sin precedentes. Las provincias afectadas son Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, El Oro, Sucumbíos y Esmeraldas, estas últimas dos fronterizas con Colombia y consideradas rutas clave para el narcotráfico. Además, la restricción se aplicará en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
Estas áreas geográficas albergan a las dos principales ciudades del país, Quito y Guayaquil, y según datos oficiales, concentran el 90% de la violencia y el 86,70% de la delincuencia a nivel nacional. La decisión del gobierno ecuatoriano responde a una escalada de la criminalidad que ha puesto en jaque la seguridad ciudadana y ha generado una profunda preocupación en la población.
El primer toque de queda implementado por el gobierno de Daniel Noboa se extendió entre el 15 y el 30 de marzo, abarcando únicamente las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. Según las autoridades, esta primera medida logró una reducción del 28% en los homicidios a nivel nacional y resultó en la captura de al menos 1.283 personas.
Sin embargo, el gobierno reconoció que la estrategia no logró una neutralización estructural de las bandas criminales, sino más bien un desplazamiento de las actividades criminales hacia otras zonas donde no existían restricciones de movilidad. Esta observación llevó a la ampliación del toque de queda a un mayor número de provincias, con el objetivo de cerrar las posibles vías de escape de los delincuentes.
En respuesta al nuevo decreto, las fuerzas de seguridad ecuatorianas desplegaron este domingo, unas tres horas antes de la entrada en vigor del toque de queda, vehículos blindados y personal policial y militar en diversas partes de las ciudades y en las carreteras. En Guayaquil, la ciudad más poblada del país y uno de los principales focos de la crisis de violencia, se instalaron 25 puestos de control.
En Quito, la Policía estableció 17 controles y anunció que durante los quince días de vigencia del toque de queda espera afectar a unos cuarenta perfiles criminales . Las autoridades han identificado a las bandas criminales Los Lobos y Los Choneros como los principales actores de la violencia en la capital, quienes mantienen una lucha por el control de las zonas donde se comercializa la droga.
Paralelamente al despliegue de las fuerzas de seguridad, unidades especializadas tenían previsto realizar operativos en zonas consideradas críticas para debilitar a las organizaciones delictivas. El objetivo es desarticular las estructuras criminales, incautar armas y drogas, y llevar ante la justicia a los responsables de los actos violentos.
La implementación de estos toques de queda nocturnos se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno de Daniel Noboa para combatir la delincuencia y restaurar la seguridad ciudadana. En los últimos meses, el gobierno ha declarado el estado de excepción en varias provincias, ha reforzado la presencia militar en las calles y ha implementado medidas para endurecer las penas para los delitos relacionados con el crimen organizado.
El año 2025 cerró con un récord de 9.269 homicidios en Ecuador, lo que equivale a una tasa de 35,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta cifra, significativamente superior a la de años anteriores, refleja la gravedad de la crisis de seguridad que atraviesa el país. La escalada de la violencia ha sido atribuida a la disputa entre bandas criminales por el control de las rutas del narcotráfico y a la creciente presencia de grupos delictivos transnacionales.
La situación de seguridad en Ecuador ha generado una profunda preocupación en la comunidad internacional. Varios países y organizaciones internacionales han ofrecido su apoyo al gobierno ecuatoriano para enfrentar la crisis y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad.
El gobierno de Daniel Noboa ha reiterado su compromiso de combatir la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, la efectividad de las medidas implementadas hasta el momento es objeto de debate. Algunos expertos consideran que los toques de queda y los estados de excepción son medidas paliativas que no abordan las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.
Otros, en cambio, argumentan que estas medidas son necesarias para contener la escalada de la violencia y permitir que las fuerzas de seguridad operen con mayor eficacia. La situación en Ecuador sigue siendo compleja y volátil, y el futuro de la seguridad ciudadana en el país es incierto. La implementación del nuevo toque de queda nocturno representa un nuevo intento del gobierno por recuperar el control de la situación y brindar tranquilidad a la población.
