El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, defendió públicamente el año pasado la postura de su tribunal frente a las críticas de que revocaba demasiados precedentes establecidos. Sin embargo, decisiones recientes han puesto en duda esa afirmación, revelando una tendencia a debilitar fallos anteriores sin anularlos formalmente.
Roberts argumentó que el tribunal actual revoca menos precedentes que sus predecesores, citando estadísticas que mostraban un promedio de menos de dos “revocaciones” anuales. No obstante, la Corte Suprema, apenas diez días después de la declaración de Roberts, mantuvo el despido de funcionarios laborales por parte de Donald Trump, contradiciendo un precedente de 1935.
La reciente decisión sobre la Ley de Derecho al Voto de 1965, que anuló un mapa congresional de Louisiana, ha intensificado las críticas. La jueza Elena Kagan, en un voto disidente, acusó a la mayoría de revocar una determinación del Congreso y precedentes judiciales sin una justificación clara.
Expertos legales, como Steve Vladeck de CNN, señalan que esta práctica de “anulaciones encubiertas” dificulta la comprensión de qué queda en pie de las decisiones anteriores y complica la respuesta del Congreso o de otros actores legales.
El juez Samuel Alito rechazó las acusaciones de Kagan, argumentando que el tribunal no ha revocado fallos anteriores, sino que los ha interpretado de manera diferente. Sin embargo, casos como Allen v. Milligan y el reciente fallo sobre la Ley de Derecho al Voto demuestran una reescritura del marco legal establecido.
Esta tendencia a debilitar precedentes sin revocarlos formalmente plantea interrogantes sobre la estabilidad del derecho y la percepción de politización del tribunal. La Corte Suprema también se prepara para revisar una ley de Colorado sobre derechos LGBTQ+, sin abordar directamente la posible anulación de un precedente clave de 1990.
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