Senadores y diputados de Morena proponen modificar los estatutos del partido e implementar filtros más rigurosos para evitar que candidatos con vínculos a la delincuencia accedan a cargos de elección popular, a raíz de las recientes acusaciones contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La discusión se da a pocos días del Congreso Nacional de Morena, donde Ariadna Montiel será designada como la nueva líder nacional, aunque el tema no está formalmente en la agenda.
La senadora Guadalupe Chavira, en respuesta a las interrogantes sobre el caso Rocha Moya, enfatizó la necesidad de “detonar algunos esquemas para filtrar con mejores condiciones a quienes aspiramos a participar en las contiendas internas de Morena y también para las elecciones constitucionales”. Chavira argumentó que es crucial fortalecer los mecanismos de selección de candidatos para prevenir situaciones similares en el futuro. Reconoció que en 2024, debido a la amplitud del movimiento, se buscaron alianzas en todo el país, lo que llevó a la selección de perfiles de manera práctica, pero sin la rigurosidad necesaria.
“Yo creo que sí se requiere una modificación a los estatutos de Morena, a los métodos de selección y se va a necesitar probada militancia y, en el caso de que sean externos, pues existir alguna plataforma mínima de ética, honestidad”, declaró la senadora. Propuso la inclusión de un filtro de antecedentes no penales como requisito obligatorio para todos los aspirantes, no solo durante las campañas, sino también en las precampañas y procesos internos del partido, además del registro ya exigido por las autoridades electorales.
Chavira abogó por la implementación de un filtro adicional en los procesos constitucionales, independientemente de los requisitos del instituto electoral. Sugirió que los legisladores, alcaldes y gobernadores entreguen información sobre sus bienes cada seis meses, replicando una práctica que ya se realizaba en su época como delegada en Milpa Alta, bajo las siglas del PRD, donde se cruzaba la declaración patrimonial con los estados financieros y bancarios, junto con una carta de antecedentes no penales.
“Debe existir un filtro en los procesos constitucionales independientemente de lo que aplique el instituto electoral también nosotros como partido, pues debemos de hacer un ejercicio de entregar información, ya como legisladores, alcaldes o gobernadores cada seis meses sobre nuestros bienes”, insistió.
La senadora enfatizó la urgencia de asegurar la ética en la política como un elemento unificador del movimiento y de no ofrecer protección ni cheques en blanco a quienes hayan cometido errores. Consideró que las autoridades determinarán la responsabilidad en el caso de Rubén Rocha y otros funcionarios, pero es fundamental fortalecer los mecanismos de selección para evitar futuras situaciones, incluyendo a los candidatos que provienen de tómbolas.
El senador Saúl Monreal también se pronunció a favor de establecer “candados” para evitar que perfiles vinculados al narcotráfico y el crimen organizado se infiltren en Morena. Propuso garantizar que todos los aspirantes a cargos de elección popular pasen por un proceso de revisión exhaustiva de sus trayectorias y antecedentes, incluyendo la presentación de una “carta de no antecedentes penales” y una revisión para asegurar que no tengan vínculos con la delincuencia organizada.
En contraste, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara consideró innecesario establecer filtros o modificar los procesos de selección a raíz del caso Rocha e Inzunza, argumentando que no existen pruebas y que el mejor filtro es “el pueblo y las encuestas”.
Lucía Trasviña, senadora, recordó que en las últimas asambleas de Morena se ha establecido la revisión puntual y profunda de los actores políticos que aspiran a cargos públicos como una medida de garantía para el electorado, asegurando que los candidatos tengan probidad, honestidad y un genuino ánimo de servicio.
En la Cámara de Diputados, la diputada y exministra Olga Sánchez Cordero enfatizó la necesidad de “no haber tolerancia a la corrupción, cero impunidad” y fortalecer los mecanismos para elegir candidatos, evitando decisiones basadas en compadrazgos. Propuso que las comisiones de elecciones de cada partido político realicen evaluaciones exhaustivas de los candidatos, considerando sus antecedentes, perfiles, honestidad y capacidad de gobierno.
Sánchez Cordero consideró que las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa son un “tema de Estado” que debió haberse tratado en privado, siguiendo los protocolos de la diplomacia internacional. Abogó por fortalecer las fiscalías para que puedan integrar carpetas de investigación con pruebas contundentes y lograr éxito ante los tribunales.
El diputado Alejandro Carbajal coincidió en la necesidad de reforzar los mecanismos de selección de candidatos, incluso con la aplicación de exámenes psicológicos para evaluar su perfil. Manifestó que, en caso de que Rocha Moya sea culpable, no recibiría su apoyo y se debe investigar a fondo el caso, así como a otros funcionarios y aspirantes, incluyendo la revisión de sus antecedentes familiares.
Carbajal también criticó el “arribismo” de perfiles de otros partidos hacia Morena, advirtiendo que el partido debe generar perfiles que no provengan del “viejo régimen”.
La diputada Maribel Solache González, por su parte, afirmó que los filtros actuales de Morena para elegir a sus candidatos son efectivos, señalando que la postulación requiere el cumplimiento de requisitos y la firma de documentos bajo protesta de decir verdad. Consideró que las acusaciones contra miembros de Morena no afectan al partido de cara a la elección del próximo año, confiando en que el pueblo votará por candidatos con buenos perfiles.
