El acuerdo entre Partido Popular y Vox para formar gobierno en Extremadura y Aragón, que incluye la implementación de una “prioridad nacional” en el acceso a servicios públicos, ha desatado una fuerte reacción política. El PSOE ha calificado el pacto de “inhumano e ilegal”, anunciando una batería de iniciativas legislativas y mociones en diversas instituciones para defender el principio de igualdad ciudadana.
Los socialistas argumentan que la medida contraviene el artículo 14 de la Constitución Española, que establece la igualdad ante la ley, y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Denuncian que la “prioridad nacional” divide a la sociedad, estableciendo una distinción entre “ciudadanos de primera y de segunda categoría” basada en el lugar de origen y no en la necesidad o el derecho.
El PSOE advierte que esta política podría conducir al desmantelamiento de los servicios públicos y a la exclusión de diversos grupos poblacionales, incluyendo migrantes, mujeres, personas LGTBI y hablantes de lenguas cooficiales. Además, el partido socialista teme que la situación derive en una fractura social y territorial similar a la experimentada durante el gobierno de Mariano Rajoy.
Mientras que Vox defiende abiertamente el concepto de “prioridad nacional”, el Partido Popular se ha mostrado más reservado al respecto, sin confirmar públicamente su adhesión total a la medida. El PSOE ha anunciado que presentará iniciativas en ayuntamientos, parlamentos autonómicos, las Cortes Generales, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Parlamento Europeo para contrarrestar esta política. En su lugar, el PSOE propone priorizar la paz, el empleo, la sanidad pública universal, la educación, la dependencia, la revalorización de las pensiones y la vivienda digna.
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