La Policía Nacional del Perú ha revelado una preocupante nueva modalidad de extorsión en Lima, orquestada por bandas delictivas con fuertes vínculos al Tren de Aragua. Esta táctica, que se centra en el secuestro y el sometimiento violento, se dirige principalmente a comerciantes que se niegan a pagar el denominado cupo o vacuna . La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) ha estado investigando activamente estos casos, exponiendo la brutalidad que enfrentan los propietarios de pequeños negocios.
El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, detalló a Latina Noticias que las exigencias iniciales para el empadronamiento o pago de la vacuna ascienden a 5.000 soles. Sin embargo, esta suma puede incrementarse hasta los 10.000 soles si las víctimas no cumplen con los pagos semanales exigidos bajo amenaza. La negativa a pagar desencadena una escalada de violencia que incluye la privación de libertad, agresiones físicas y, lo más alarmante, la grabación de videos de maltrato para ejercer una intensa coacción psicológica sobre sus familiares y amigos.
Un caso reciente involucra a un ciudadano dominicano que administraba un billar y fue secuestrado tras oponerse a la extorsión. Según el general Revoredo, su círculo cercano recibió audios y videos que documentaban los abusos sufridos por la víctima, una táctica diseñada para maximizar la presión y forzar el pago del rescate. Estos incidentes se están concentrando en zonas como El Agustino, el Cercado de Lima y áreas aledañas.
El modus operandi de estos delincuentes implica inicialmente la extorsión a propietarios de pequeños comercios, exigiendo la vacuna . El incumplimiento de esta exigencia resulta en el secuestro de la víctima, quien es sometida a maltratos físicos y psicológicos. Posteriormente, estos abusos son grabados en video y distribuidos entre sus contactos, intensificando la presión para obtener el pago. Revoredo explicó que el pago inicial de 5.000 soles se considera un empadronamiento , pero si la víctima se retrasa o deja de pagar las cuotas semanales, la deuda aumenta y se recurre al secuestro violento. En un caso investigado, los delincuentes exigieron entre 7.000 y 10.000 soles para liberar al rehén.
La investigación policial ha revelado que los secuestradores utilizan viviendas alquiladas de manera informal por ciudadanos peruanos, quienes no realizan verificaciones administrativas adecuadas. Estos inmuebles sirven como guaridas , permitiendo a la banda mantener a las víctimas cautivas sin ser detectados fácilmente. Esta falta de diligencia por parte de los arrendadores facilita la operación de estas células criminales.
El general Revoredo señaló que esta mutación en los métodos extorsivos es una respuesta a la presión policial sobre las células criminales que operaban en el transporte público. Esto ha llevado a una diversificación de las actividades ilícitas hacia la informalidad interna de los barrios vulnerables. Las víctimas de esta modalidad de secuestro son principalmente pequeños empresarios y trabajadores, tanto peruanos como extranjeros, dedicados a actividades informales o semi-informales. Los administradores de billares, bodegas, paraderos de transporte y espacios deportivos, especialmente aquellos que han formado asociaciones para la explotación de estos negocios, son considerados blancos prioritarios.
En el caso bajo investigación por la División de Homicidios de la Dirincri, la persona secuestrada es un ciudadano dominicano, cuyo paradero aún se está buscando. Las pruebas encontradas en el lugar de su cautiverio, mediante una pericia de luminol, revelan una lesión grave. El operativo también permitió el rescate de dos ciudadanos venezolanos en el Cono Norte, quienes habían sido víctimas de un secuestro similar, uno de los cuales resultó herido en la extremidad inferior.
La organización criminal detrás de estos hechos, conocida como Los Herederos del Tren, está compuesta en su mayoría por jóvenes de entre 17 y 20 años. Según la información recabada por Latina Noticias, estos individuos carecen de expectativas de vida y son reclutados por jefes delictivos vinculados a agrupaciones transnacionales como el Tren de Aragua. Algunos de ellos reciben instrucciones directas desde el exterior, aprovechando la permeabilidad de las fronteras entre países.
Un aspecto distintivo de este esquema criminal es la tolerancia administrativa de los arrendadores locales, quienes facilitan viviendas sin realizar controles de antecedentes ni exigir garantías. Esto crea condiciones propicias para la instalación de células criminales y la perpetración de delitos como los secuestros.
La respuesta policial ha logrado neutralizar células de Los Gallegos , Los Hijos de Dios , la Dinastía Layón y la Costa 905 , según informó Revoredo. Sin embargo, la migración de jóvenes delincuentes y el cambio de estrategia criminal representan nuevos desafíos para la seguridad urbana de Lima. El general Revoredo enfatizó que el trabajo articulado entre la policía, la fiscalía y la comunidad es esencial para frenar el avance de estos grupos y proteger a los ciudadanos. La Dirincri continúa intensificando sus esfuerzos para desmantelar estas redes criminales y llevar a los responsables ante la justicia, buscando garantizar la seguridad y el bienestar de la población limeña.
