La Iglesia Católica de Córdoba y la Mesa de Barrios Populares manifestaron su profunda preocupación ante el proyecto de ley nacional de Inviolabilidad de la propiedad privada , advirtiendo sobre un posible retroceso en los derechos sociales y un impacto negativo en las políticas de integración socio urbana a lo largo del país. La advertencia se formalizó durante una conferencia de prensa realizada en el Arzobispado local, enmarcada bajo el lema En defensa de los barrios populares .
El encuentro congregó a líderes religiosos, representantes sociales y miembros de las comunidades afectadas, quienes coincidieron en que la iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, introduce modificaciones significativas a la Ley 27.453. Esta normativa, fundamental en los últimos años, establece el marco para la regularización dominial y la integración socio urbana de los barrios populares, facilitando procesos de ordenamiento y acompañamiento.
La principal inquietud reside en las consecuencias concretas que podría acarrear la nueva legislación. En Córdoba, se estima que más de 40 mil familias podrían verse afectadas, considerando que existen 318 barrios registrados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares). A nivel nacional, el relevamiento oficial identifica un total de 6.467 barrios populares, hogar de más de 5 millones de personas, quienes se encuentran entre los sectores más vulnerables de la población, concentrando los niveles más altos de pobreza e indigencia. Se destacó que la política pública vigente ha permitido avances en la integración socio urbana en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, a través de convenios colaborativos con municipios, provincias y organizaciones sociales.
El cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, enfatizó la dimensión humana del problema habitacional, vinculando el debate legislativo con una deuda histórica. Probablemente no hay palabra alguna que resuma mejor el sufrimiento de nuestro tiempo que el concepto sin hogar , afirmó Rossi. En este sentido, argumentó que la respuesta a esta problemática no puede limitarse a medidas aisladas, sino que debe garantizar el acceso a derechos fundamentales: La deuda social y ambiental con los pobres de las ciudades se paga haciendo efectivo el derecho sagrado a las tres T: tierra, techo y trabajo. No es filantropía, es una obligación de todos .
Desde el ámbito social, la advertencia se centró en los efectos tangibles que podría generar el proyecto de ley. El presbítero Melchor López, vicario de los pobres, explicó que la Ley 27.453 no solo permitió la identificación de los barrios populares, sino también el desarrollo de obras de integración y la regularización dominial en todo el país. Subrayó la importancia de mantener esta herramienta para continuar avanzando en la mejora de las condiciones de vida de las familias que habitan estos sectores.
Ayelén Cabaña, representante de la organización TECHO, señaló que la iniciativa desarma los instrumentos estructurales que sostienen la integración socio-urbana . Cabaña enumeró una serie de indicadores que reflejan la fragilidad del sistema actual y el riesgo de un retroceso en los logros alcanzados. Entre estos indicadores, mencionó la paralización de 671 obras en todo el país, la existencia de más de 11 mil mujeres con pagos pendientes del programa Mi Pieza, y la presencia de 150 juicios de desalojo activos, que amenazan a más de 4.500 familias.
Además, Cabaña subrayó que el 75% de los barrios populares de Córdoba tiene más de 20 años de antig edad, lo que evidencia la persistencia del déficit habitacional y la necesidad de políticas públicas sostenidas en el tiempo. La representante de TECHO advirtió que la aprobación del proyecto de ley podría agravar aún más la situación de vulnerabilidad de estas comunidades, dificultando el acceso a una vivienda digna y a servicios básicos.
La conferencia de prensa concluyó con un llamado a la reflexión y a la acción, instando a las autoridades a reconsiderar el proyecto de ley y a priorizar políticas que garanticen el derecho a la vivienda y la integración socio urbana. Los representantes de la Iglesia y las organizaciones sociales se comprometieron a seguir trabajando en la defensa de los derechos de las familias que habitan los barrios populares, buscando alternativas que permitan construir un futuro más justo y equitativo para todos. Se enfatizó la necesidad de un diálogo abierto y constructivo entre todos los actores involucrados, con el objetivo de encontrar soluciones que respondan a las necesidades reales de la población más vulnerable del país.
