El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció este viernes su separación temporal del cargo para facilitar las investigaciones de la fiscalía general mexicana, luego de que Estados Unidos solicitara su captura con fines de extradición, acusándolo de vínculos con el cártel de Sinaloa. La decisión de Rocha Moya se produce en un contexto de tensiones entre México y Estados Unidos por la lucha contra el narcotráfico y en medio de la revisión del tratado de libre comercio de Norteamérica (T-MEC).
El mandatario estatal, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, calificó las acusaciones de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York como "falsas y dolosas". En un video difundido en YouTube, Rocha Moya informó al pueblo de Sinaloa sobre su solicitud de licencia temporal ante el Congreso del Estado.
La fiscalía estadounidense acusa a Rocha Moya y a otros nueve políticos del oficialismo de haberse asociado con el cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos. Entre los acusados se encuentra Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, quien también anunció su renuncia al cargo.
La separación de ambos funcionarios allana el camino para su investigación, ya que, por sus cargos, gozaban de fuero y se requería un procedimiento legislativo de desafuero para ser llamados por las autoridades.
Las renuncias se dan horas después de que la fiscalía general mexicana declarara que no existen pruebas suficientes para detener a los acusados y de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara que su gobierno no aceptará intervenciones de gobiernos extranjeros.
Este no es el primer momento en que el nombre de Rocha Moya se ve envuelto en controversias relacionadas con el narcotráfico. Hace casi dos años, Ismael "Mayo" Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, lo mencionó en una denuncia desde una cárcel estadounidense. Zambada alegó haber sido engañado y "secuestrado" por los hijos de Joaquín "Chapo" Guzmán, quienes lo convocaron a una reunión supuestamente encabezada por Rocha Moya para intentar mediar entre facciones del cártel.
En aquel momento, Rocha Moya rechazó categóricamente cualquier vínculo con narcotraficantes, argumentando que el día de la presunta reunión se encontraba en Estados Unidos.
Actualmente, la fiscalía general mexicana está analizando la solicitud de Washington. Sin embargo, este viernes, Raúl Jiménez, del área de asuntos internacionales de la fiscalía, declaró que, hasta el momento, no hay "ninguna referencia, ningún motivo, ningún fundamento, ninguna evidencia" que justifique la urgencia de la detención provisional solicitada por Estados Unidos.
La denuncia contra Rocha Moya ha generado conmoción en el gobierno de Sheinbaum y en su partido, Morena, ya que es la primera vez que un gobernador o un senador en funciones son acusados judicialmente de estar vinculados al tráfico de drogas.
La presidenta Sheinbaum rechazó las acusaciones el jueves y solicitó a Estados Unidos presentar pruebas "irrefutables". En un evento público en Chiapas, Sheinbaum advirtió que no permitirá que gobiernos extranjeros violen la soberanía mexicana, sin referirse explícitamente a Estados Unidos o al caso Rocha Moya.
"Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio. Porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria. Por eso, cualquier gobierno extranjero se topa con principios", enfatizó la mandataria.
El caso de Rocha Moya surge en un momento en que el presidente estadounidense, Donald Trump, presiona a México para obtener resultados en la lucha contra el narcotráfico, y cuando los tres países de Norteamérica están revisando el T-MEC.
La situación plantea interrogantes sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos, la soberanía nacional y la lucha contra el crimen organizado en la región. La fiscalía general mexicana ha solicitado a Estados Unidos que proporcione más elementos para sustentar las acusaciones, mientras que el gobierno mexicano se mantiene firme en su postura de defender su soberanía y no aceptar intervenciones extranjeras. El desarrollo de este caso podría tener implicaciones significativas para la política interna mexicana y para las relaciones internacionales de México en los próximos meses. La investigación continúa y se espera que arroje más luz sobre las acusaciones y la posible participación de Rocha Moya y otros funcionarios en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.
