La Corte Suprema de Justicia se prepara para definir el futuro de la reforma laboral impulsada por Javier Milei, mientras un entramado de denuncias por presunto vaciamiento de fondos en el Sindicato de Camioneros sacude el liderazgo de Hugo Moyano. La resolución judicial, que se espera no objete la ley a pesar de las dudas constitucionales sobre la limitación del derecho a huelga, representaría una victoria para el gobierno frente a lo que el presidente ha denominado la casta sindical .
Paralelamente, emerge un complejo juego de intereses entre el gobierno y Moyano, quien, a pesar de las diferencias ideológicas, ha aceptado paritarias por debajo de la inflación y acuerdos salariales a mediano plazo, como el actual acuerdo semestral con un aumento del 10,1%. La intervención directa del ministro de Economía, Luis Caputo, en las negociaciones, desplazando al secretario de Trabajo, Julio Cordero, subraya la estrategia gubernamental.
Con 82 años, Moyano enfrenta un momento crítico en su carrera, con crecientes desafíos a su liderazgo en el Sindicato de Camioneros, donde cumple cuatro décadas al frente. La revelación de transferencias millonarias desde el gremio y su obra social a fideicomisos vinculados a su esposa, Liliana Esther Zulet, y a sus hijos, ha desatado una investigación judicial y generado tensiones internas. La Justicia solicitó documentación contable, lo que ha provocado despidos en el área de tesorería y un bloqueo del sistema informático interno del sindicato, según fuentes sindicales.
Las transferencias ascienden a casi $2000 millones en los últimos meses, dirigidas a los fideicomisos Khasis y Thoth, y a las empresas Aconra y Dixey, del rubro de la construcción y textil, respectivamente. En los directorios de estas compañías figuran Valeria Alejandra Salerno e Ignacio Noriega Zulet, hijos de la esposa de Moyano. A pesar de las sospechas de vaciamiento, ni el gobierno ni la justicia han reaccionado, y la oposición tampoco ha presentado denuncias para reactivar causas previas sobre supuesta administración fraudulenta.
La crisis financiera de la obra social de Camioneros (Oschoca) se agudiza, a pesar del aporte de las empresas, que pagan un plus de $25.000 mensuales por afiliado. La prestadora médica acumula un déficit que rondaría los $60.000 millones, según datos de la Federación Nacional de Camioneros. Esta semana, Oschoca recortó servicios, prestaciones y la entrega de medicamentos. La obra social es administrada por la empresa Iarai, también propiedad de Zulet y sus hijos.
Moyano ya había sido denunciado en 2010 por la legisladora porteña Graciela Ocaña, quien acusó a la familia de enriquecerse desviando fondos del sindicato a sus empresas. La causa judicial, a cargo primero del juez Claudio Bonadio y luego de Julián Ercolini, permaneció estancada. Ocaña ha retomado la denuncia, presentando una carta a la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), solicitando una intervención en la obra social y denunciando su administración como un patrimonio personal de Moyano y su esposa. Sin embargo, la SSS no tiene previsto actuar por el momento.
El único frente judicial abierto para Moyano se centra en una denuncia promovida por su aliado Héctor Yoyo Maldonado, relacionada con un presunto fraude de $13.000 millones en el Hotel 15 de diciembre en Mar del Plata. La fiscalía investiga y ha ordenado una pericia contable que podría extenderse a las cuentas del sindicato. Si esto ocurre, la denuncia de Maldonado podría perjudicar a Moyano, obligándolo a exhibir los libros contables del gremio.
La investigación en Mar del Plata ha revelado que las facturas y los cheques del hotel eran auditados en la sede del sindicato en Buenos Aires, y que una empresa proveedora de artículos de limpieza habría cobrado sobreprecios, siendo representada por una abogada que representa al gremio en otros litigios. Moyano teme que la causa judicial pueda exponer irregularidades que involucren a su círculo íntimo y ha buscado contactos con la Casa Rosada y el gobierno de Axel Kicillof en busca de gestiones políticas.
La investigación en Mar del Plata también ha puesto en evidencia presiones sobre funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que no aporten documentación a la investigación. Un funcionario desplazado, Manuel Rodríguez, denunció las presiones ante la Fiscalía Federal de Mar del Plata, aunque su citación como testigo fue rechazada por el fiscal Carlos David Bruna.
El vínculo entre Moyano y la gestión libertaria es indirecto, a través de su hijo Hugo Antonio, diputado nacional y miembro del equipo legal del gremio, quien actúa como nexo con el secretario de Trabajo en temas salariales y laborales. También existe un canal abierto con Mario Lugones, por asuntos relacionados con la obra social, y con el ministro del Interior, Diego Santilli, con quien negoció contratos de recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, el vínculo más fuerte se ha tejido recientemente con Santiago Caputo, asesor presidencial, tras un encuentro durante la visita de la CGT a la Casa Rosada en abril de 2024. Caputo habría destrabado un conflicto en la paritaria de los camioneros y ha mantenido contacto con Moyano, a través de su hijo Jerónimo, quien actúa como secretario privado. Caputo también tiene influencia en la ARCA, el organismo que podría haber auxiliado a Moyano en la causa judicial de Mar del Plata.
