La investigación de la justicia estadounidense al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por su presunta vinculación con el Cartel de Sinaloa no es un hecho aislado en la política mexicana, pues otros altos funcionarios han sido señalados formalmente en Washington por narcotráfico e incluso algunos fueron condenados a penas de prisión. El reciente señalamiento contra el gobernador oficialista sinaloense, acusado de formar parte de una conspiración para permitir el trasiego de droga y aceptar sobornos del crimen organizado, se suma a una lista creciente de investigaciones o acusaciones similares a otros políticos mexicanos de alto nivel.
El caso de Rocha Moya, quien ha negado categóricamente las acusaciones junto con otros nueve altos cargos estatales, ha provocado un sismo político en México y reavivado el debate sobre la relación entre el narcotráfico y los funcionarios públicos. La acusación formal, revelada esta semana, vincula a los acusados con la facción de Los Chapitos, del Cartel de Sinaloa, en el tráfico de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos.
Este incidente no es nuevo para México. A lo largo de las últimas décadas, varios exgobernadores y altos funcionarios han enfrentado investigaciones y procesos judiciales en Estados Unidos por su presunta colaboración con organizaciones criminales. Uno de los casos más notorios es el de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo (1993-1999), quien fue investigado por la DEA por su relación con el Cartel de Juárez. Villanueva Madrid fue extraditado a Estados Unidos en 2010 y condenado a 131 meses de cárcel por conspirar para blanquear millones de dólares en pagos de sobornos del narcotráfico. Su caso marcó un precedente en la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
Otro caso relevante es el de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas (1999-2004), quien fue investigado por la DEA durante años. Tras su detención en Italia y su posterior entrega a Estados Unidos en 2018, Yarrington se declaró culpable de aceptar sobornos como gobernador, aunque los cargos por narcotráfico fueron desestimados tras llegar a un acuerdo. Actualmente, permanece preso en México por delitos contra la salud en favor del crimen organizado.
Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit (2011-2018), también ha sido objeto de acusaciones por parte de Estados Unidos. Durante la administración de Donald Trump, Sandoval fue acusado de recibir sobornos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a cambio de protección e información. Como resultado, Estados Unidos le prohibió ingresar al país y el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista negra por vínculos con los carteles mexicanos.
El caso de Salvador Cienfuegos, militar de carrera y secretario de Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), generó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos. La Fiscalía estadounidense lo acusó de producción, tráfico y distribución de una tonelada de marihuana mientras formaba parte del Ejecutivo mexicano. Sin embargo, los cargos fueron retirados en 2020 tras un acuerdo entre ambos gobiernos, y Cienfuegos fue trasladado a México para ser investigado. Actualmente, está en libertad por falta de pruebas.
Sin embargo, el caso más resonante hasta la fecha es el de Genaro García Luna, quien fue secretario federal de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). García Luna fue condenado en 2024 a 38 años de cárcel en Estados Unidos por colaborar con el Cartel de Sinaloa. El juez que lo sentenció lo acusó de formar parte de una "empresa criminal" y de tener una "manera de pensar muy similar" a la del capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán. La condena de García Luna, el político mexicano de mayor rango condenado en EE.UU. por vínculos con el crimen organizado, ha sacudido a la clase política mexicana y ha puesto en tela de juicio la estrategia de seguridad implementada durante su gestión.
Estos casos demuestran que la infiltración del narcotráfico en las instituciones gubernamentales mexicanas no es un fenómeno nuevo, sino un problema estructural que persiste a lo largo del tiempo. La investigación contra Rubén Rocha Moya, y los otros funcionarios sinaloenses, se suma a esta preocupante tendencia y plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado mexicano para combatir la corrupción y la impunidad. La cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico sigue siendo fundamental, pero también es necesario fortalecer las instituciones internas y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. El desenlace de la investigación contra Rocha Moya será crucial para determinar si se trata de un caso aislado o de una nueva evidencia de la profunda conexión entre el poder político y el crimen organizado en México.
