El gobierno colombiano, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, ha solicitado formalmente a los presidentes del Senado, Lidio García, y de la Cámara de Representantes, Julián López, que se apliquen las normas relativas a la inasistencia de los congresistas a las sesiones legislativas. La solicitud, formalizada mediante una carta, responde a la creciente preocupación del Ejecutivo por el impacto de estas ausencias en la discusión y aprobación de proyectos de ley considerados cruciales para su agenda de gobierno.
La misiva del ministro Benedetti subraya que se ha observado un creciente fenómeno de inasistencia que está afectando negativamente el avance de proyectos trascendentales como la reforma a la salud, la creación de la jurisdicción agraria y la revisión del Código Minero. Ante esta situación, el gobierno insta a la aplicación del numeral 2 del artículo 183 de la Carta Política, el cual establece que los congresistas perderán su investidura si incurren en inasistencia a seis reuniones plenarias en un mismo período de sesiones, especialmente aquellas en las que se voten proyectos de acto legislativo, leyes o mociones de censura.
Además de la posible pérdida de investidura, el Ministerio del Interior también recordó la existencia de otras disposiciones legales que contemplan sanciones para los congresistas que no cumplen con sus obligaciones de asistencia. Se citó específicamente el artículo 271 de la Ley 5 de 1992, que establece que la falta de asistencia injustificada a las sesiones implica la suspensión del pago de salarios y prestaciones, sin perjuicio de las sanciones más severas, como la pérdida de la investidura, cuando corresponda.
El objetivo final de esta iniciativa, según el gobierno, es que las listas de inasistencia de los congresistas sean remitidas directamente al Consejo de Estado para que se inicien los trámites judiciales necesarios para determinar la posible pérdida de investidura y la imposición de las sanciones correspondientes. Esta medida busca garantizar que los representantes elegidos por el pueblo cumplan con su deber de asistir a las sesiones legislativas y participar activamente en la toma de decisiones que afectan al país.
La solicitud del gobierno se produce después de que el propio presidente Gustavo Petro expresara públicamente su preocupación por la inasistencia de algunos congresistas a las sesiones legislativas. A través de su cuenta en la red social X, el presidente Petro instó a los presidentes del Senado y la Cámara a aplicar la ley sobre inasistencias, argumentando que el Gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos que deben ser respetados y tramitados de acuerdo a las normas .
El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, se ha mostrado de acuerdo con la iniciativa del presidente Petro. López aseguró que desde la Mesa Directiva de la Cámara se ha insistido en la necesidad de trabajar hasta el último minuto por Colombia y respaldó la remisión de las listas de inasistencia. Cumplirle al país no es opcional, es nuestro deber , añadió López, reafirmando su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones legislativas.
La decisión del gobierno de tomar medidas enérgicas contra la inasistencia de los congresistas refleja la creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a la aprobación de proyectos de ley clave para la implementación del programa de gobierno de Gustavo Petro. La reforma a la salud, en particular, ha sido objeto de intensos debates y controversias, y su aprobación se ha visto obstaculizada por la falta de consenso entre los diferentes partidos políticos.
La aplicación de las normas sobre inasistencia podría tener un impacto significativo en la composición del Congreso, ya que varios congresistas podrían perder su investidura si se comprueba que han incurrido en faltas injustificadas a las sesiones legislativas. Esto podría alterar el equilibrio de poder en el Congreso y facilitar la aprobación de los proyectos de ley que el gobierno considera prioritarios.
Sin embargo, la iniciativa también ha generado críticas por parte de algunos sectores de la oposición, quienes la consideran una forma de presión política y un intento de amedrentar a los congresistas que no comparten la agenda del gobierno. Se argumenta que la inasistencia a las sesiones legislativas puede tener justificaciones válidas, como problemas de salud o compromisos institucionales, y que la aplicación automática de las sanciones podría ser injusta.
En cualquier caso, la solicitud del gobierno ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar la asistencia y participación activa de los congresistas en las sesiones legislativas para asegurar el buen funcionamiento del sistema democrático y la aprobación de leyes que respondan a las necesidades del país. El debate sobre este tema seguramente continuará en los próximos días, y se espera que el Consejo de Estado juegue un papel clave en la determinación de las sanciones que correspondan a los congresistas que hayan incurrido en inasistencias injustificadas.
