---
La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de San Martín llevó a cabo un operativo que culminó con la detención preliminar de cuatro suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) acusados de pertenecer a una red criminal dedicada a la extorsión. Los agentes, identificados como Edwin Apaestegui, Enmanuel Santos, Jair Moncada y Elvis Riva, fueron capturados tras allanamientos realizados en Moyobamba, la comisaría de Soritor y oficinas de la División de Investigación Criminal (Divincri).
La investigación fiscal apunta a que los detenidos, quienes operaban bajo los alias de "El cangry", "Santos", "Moncada" y "Colorado", junto a otros individuos aún no identificados, habrían estado involucrados en amenazas y ataques armados contra operadores de justicia y empresarios en la región de San Martín.
El modus operandi de la organización criminal era particularmente intimidatorio. Utilizaban el envío de arreglos florales fúnebres como advertencia, acompañados de mensajes de texto amenazantes dirigidos a familiares de las víctimas. En casos más graves, recurrían a atentados directos con armas de fuego contra propiedades residenciales, buscando ejercer control y dominio sobre sus objetivos.
El principal objetivo de la extorsión era coaccionar al abogado Paulo Díaz para que abandonara la defensa legal en procesos judiciales que involucraban a miembros de la organización criminal. La presión ejercida sobre Díaz buscaba asegurar resultados favorables a los intereses de la red, comprometiendo la integridad del sistema judicial.
Sin embargo, Díaz no fue la única víctima. La jueza María del Pilar Tomanguillo también fue objeto de las amenazas y ataques armados por parte de la organización criminal. La jueza, al igual que el abogado, fue blanco de mensajes extorsivos y atentados contra su propiedad, buscando intimidarla y manipular sus decisiones judiciales.
La empresaria Yolanda Quispe, residente en la provincia de Rioja, también figura entre los agraviados documentados por el Ministerio Público. Su caso demuestra que la red de extorsión no se limitaba a atacar a figuras del ámbito judicial, sino que también se extendía a empresarios locales, generando un clima de inseguridad y temor en la región.
El fiscal provincial Félix Amaru Freyre Pinedo lideró los allanamientos, que se llevaron a cabo de manera simultánea en cuatro viviendas particulares y en las sedes policiales estratégicas de la zona. Durante la operación, se aseguró el cumplimiento del principio de legalidad y el respeto a los derechos fundamentales de los suboficiales detenidos, garantizando un proceso de registro transparente y conforme a la ley.
Durante los registros, las autoridades decomisaron armas de fuego, sumas de dinero en efectivo, equipos electrónicos y documentación diversa. Estos elementos, considerados relevantes para la investigación, permitirán profundizar en los nexos de la red criminal y esclarecer la magnitud de los delitos de organización criminal con fines de extorsión imputados a los efectivos policiales.
La detención de estos cuatro suboficiales en actividad representa un duro golpe a la integridad de la PNP y pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno para prevenir y combatir la corrupción dentro de las fuerzas del orden. La investigación continúa en curso para identificar a los demás miembros de la organización criminal y determinar el alcance total de sus actividades ilícitas.
El caso ha generado consternación en la región de San Martín, donde la población exige una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para los responsables de estos actos de extorsión y violencia. La confianza en las instituciones y en las fuerzas del orden se ve seriamente comprometida cuando los propios encargados de proteger a la ciudadanía resultan estar involucrados en actividades criminales.
Las autoridades han asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas y evitar que la organización criminal continúe operando. La investigación se encuentra en una etapa crucial, y se espera que en los próximos días se presenten nuevas evidencias y se realicen más detenciones.
Este operativo es un claro mensaje de que la Fiscalía está decidida a combatir la criminalidad organizada en todas sus formas y a llevar ante la justicia a aquellos que se atreven a desafiar la ley. La lucha contra la corrupción y la extorsión es una prioridad para el Estado, y se seguirán destinando recursos y esfuerzos para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
