La madrugada del 1 de enero de 2005, la ciudad de Andahuaylas, en Apurímac, fue escenario de un acto de insurrección liderado por Antauro Humala, mayor del Ejército (r) y cabecilla del movimiento etnocacerista. Ciento sesenta reservistas tomaron la comandancia policial, exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Toledo y la evocación de un pasado idealizado. Este ataque fue la culminación de meses de agitación orquestada por Humala, quien ya había protagonizado el levantamiento de Locumba en el año 2000 junto a su hermano Ollanta.
Los antecedentes de esta insurrección se remontan a 2004, cuando Antauro Humala radicalizó su discurso a través del libelo Ollanta , con ataques a autoridades y militares. El detonante inmediato fue el pase a retiro de Ollanta Humala y otros 249 oficiales el 29 de diciembre de 2004, lo que Antauro consideró una afrenta personal y estatal. Desde julio de 2004, Humala había estado planeando la insurrección con sus lugartenientes y reservistas, veteranos del Cenepa y la lucha antisubversiva, pero adoctrinados en la ideología etnocacerista. Informes de inteligencia del Digimin alertaban sobre el movimiento en Andahuaylas, pero fueron ignorados por el entonces ministro del Interior, Javier Reátegui Roselló.
La elección de Andahuaylas no fue casual. La ciudad fue el lugar de formación del último ejército cacerista a finales del siglo XIX, y Humala buscaba evocar un mestizaje mítico para justificar su golpe de Estado. A las 4:25 de la madrugada del 1 de enero de 2005, los etnocaceristas ingresaron a la ciudad por la avenida Perú. La comandancia policial estaba custodiada por solo 10 agentes, ya que el resto se encontraba de franco. La resistencia fue mínima, y los rebeldes lograron tomar 80 fusiles HK-G3, escopetas, granadas, pistolas, bombas lacrimógenas y dos patrulleros.
Diecisiete agentes de la policía fueron tomados como rehenes y expuestos públicamente como borrachos para enardecer a la población. Humala asumió el mando de cinco manzanas de la ciudad. Un intento de patrulla policial por recuperar el puesto resultó en cinco policías y dos reservistas heridos. Los pobladores, inicialmente, brindaron alimentos y ropa a los humalistas, hostigando a la policía y a los primeros periodistas que llegaron al lugar. Este apoyo inicial fue resultado de la manipulación del cabecilla Humala.
Los rebeldes marcharon hacia el cuartel militar Los Chancas, donde Humala intentó convencer al teniente coronel a cargo de unirse a su movimiento. Sin embargo, los militares se defendieron, obligando a los revoltosos a regresar a la comisaría, frustrados pero aún armados. El presidente Alejandro Toledo, desde Punta Sal, declaró el estado de emergencia en Apurímac y envió 300 efectivos de la DIROES. Designó a los generales PNP Félix Murazzo y EP José Williams Zapata como negociadores, mientras se cortaba el suministro eléctrico y las ráfagas nocturnas aumentaban la tensión en la ciudad.
La escalada de violencia alcanzó su punto más trágico el 2 de enero de 2005, cuando los etnocaceristas tendieron una emboscada a una patrulla del Escuadrón Verde en el puente Colonial Anccoyllo, sobre el río Chumbao. Cuatro policías perdieron la vida: el capitán Carlos Cahuana Pacheco, el teniente Luis Chávez Vásquez, y los suboficiales Ricardo Rivera Fernández y Abelardo Cerrón Carbajal. Un informe posterior de Criminalística sugirió que los disparos provinieron desde el cerro Huayhuaca, donde Julio Ludeña Loayza, conocido como el centinela humalista, habría rematado a un policía herido. Antauro Humala se jactó de los sangrientos hechos, afirmando: Yo ordené tomar la comisaría .
Mientras tanto, doscientos seguidores bloquearon el hospital con heridos insurgentes. Humala, desde las patrullas capturadas, prometió armas a la población y culpó al presidente Toledo por la crisis económica y los retiros militares. Varias barricadas cerraron las calles de la ciudad. En una entrevista radial, Humala deliraba: Retomamos el último ejército cacerista . Su retórica incendiaria avivó la violencia.
El 3 de enero de 2005, alrededor de mil pobladores marcharon a la plaza de armas de la ciudad con Humala a la cabeza, en una demostración de apoyo que, en realidad, preludiaba su rendición tras reunirse con el director de la PNP, Félix Murazzo. Humala fue incluso cargado en hombros en un supuesto paseo triunfal hacia la comisaría, antes de ser arrestado en el municipio.
El 4 de enero, más de cien etnocaceristas atrincherados recibieron una carta de Antauro Humala: Depongan las armas , les ordenaba. Se rindieron y entregaron sus armas, mientras parte de la población apedreaba algunos locales. En total, se detuvo a 163 personas, de las cuales 24 fueron derivadas a la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y el resto a diversos penales del país.
Posteriormente, la Policía realizó allanamientos en locales etnocaceristas, como el de El Agustino, en Lima, donde se encontraron armas y elementos simbólicos que las autoridades calificaron como de ocultismo incaico y nazismo . La Dircote acusó a Antauro Humala de rebelión, homicidio calificado, secuestro y tenencia ilegal de armas. En 2009, el Poder Judicial lo condenó a 25 años de prisión efectiva, pena que fue reducida a 19 años en 2011 por la Corte Suprema, recalificando los cargos como rebelión, secuestro agravado, sustracción de armas, daños y homicidio simple.
Durante ese período, el Tribunal Constitucional rechazó el hábeas corpus presentado por el cabecilla etnocacerista. Su hermano, Ollanta Humala, quien posteriormente sería presidente de la República entre 2011 y 2016, inicialmente lo respaldó, pero luego se distanció de él. Antauro Humala afirmó que su sublevación tenía la orden expresa de su hermano, aunque asumió la responsabilidad de su sangrienta incursión.
La polémica se reavivó el 19 de agosto de 2022, cuando el INPE le otorgó la libertad por redención: 17 años, 7 meses y 14 días cumplidos, gracias a 3.667 días de labor y educación. Salió de prisión el 20 de agosto, reafirmando su orgullo por su hazaña , que costó la vida a cuatro policías. La salida de Antauro Humala revivió el dolor de las familias afectadas en Andahuaylas, que consideraron que la violencia etnocacerista era premiada con impunidad. En enero de 2024, El Comercio reveló que Humala no había pagado la reparación civil a las familias de las víctimas, a pesar de la orden judicial.
En febrero de 2024, el Tribunal Constitucional rechazó nuevamente el hábeas corpus de Antauro Humala, que pretendía anular su sentencia por el Andahuaylazo. Así, el cabecilla etnocacerista persiste en victimizarse, expresando orgullo por su hazaña sangrienta y manteniendo un discurso radical que sigue inquietando a las víctimas y a los analistas. La sangre de cuatro héroes policiales mancha para siempre su legado de violencia.
