Santo Domingo, 30 de abril (EFE) El senador Antonio Taveras Guzmán, en representación de la provincia de Santo Domingo, ha exigido con firmeza justicia y sanciones ejemplares para los responsables de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set el año pasado, evento que lamentablemente resultó en el fallecimiento de 236 personas y dejó a decenas de familias sumidas en el dolor. El legislador, durante su intervención en la sesión senatorial de hoy, denunció graves fallas en la supervisión por parte del Estado y advirtió que este caso no puede quedar impune, señalando que la inacción estatal contribuyó directamente a la magnitud de la catástrofe.
Taveras Guzmán fue enfático al expresar que la tragedia no puede ser atribuida al azar, sino que es consecuencia directa de las deficiencias en la acción del Estado. Estas muertes no ocurrieron por casualidad. Ocurrieron porque falló la política, declaró el senador. Subrayó que el Estado, como autoridad política central, tiene la responsabilidad fundamental de supervisar, controlar y regular, y que las instituciones gubernamentales democráticas existen precisamente para cumplir con estas funciones esenciales. La omisión de estas responsabilidades, según el senador, es una de las principales causas que condujeron a la tragedia en Jet Set.
El senador detalló que el establecimiento presentaba un deterioro progresivo de su estructura, un hecho que había sido advertido repetidamente a través de denuncias y alertas realizadas tanto por visitantes como por empleados de la discoteca. Estas advertencias, según Taveras Guzmán, evidencian la gravedad de las omisiones en los mecanismos de supervisión estatal. A pesar de las señales de peligro evidentes, las autoridades competentes no tomaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes, lo que finalmente condujo al colapso y a la pérdida de vidas.
En este sentido, el senador reiteró su demanda de que la responsabilidad penal sea aplicada con todo el peso de la ley a todos los implicados en la tragedia, sin excepciones ni privilegios. Considera que es imperativo garantizar justicia para las víctimas y sus familias, y que esto solo se puede lograr mediante un proceso judicial transparente y riguroso que identifique y castigue a todos los culpables. La impunidad, según el senador, sería una afrenta a la memoria de las víctimas y un mensaje de permisividad ante la negligencia y la corrupción.
Asimismo, Taveras Guzmán sostuvo que existió una clara ausencia de supervisión efectiva por parte del Estado, lo que compromete tanto a los propietarios del establecimiento como a las autoridades que, por acción u omisión, ignoraron la situación de riesgo. La falta de inspecciones regulares, la ineficacia de los controles de seguridad y la falta de respuesta a las denuncias recibidas son, a su juicio, ejemplos claros de la negligencia estatal que contribuyó a la tragedia. El senador enfatizó que la responsabilidad no recae únicamente en los propietarios de la discoteca, sino también en aquellos funcionarios públicos que tenían la obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos y no lo hicieron.
El llamado a la justicia del senador Taveras Guzmán se suma a las demandas de las familias de las víctimas, quienes han exigido una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer las causas de la tragedia y determinar las responsabilidades correspondientes. La tragedia de Jet Set ha generado una profunda conmoción en la sociedad dominicana y ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control estatal para prevenir futuros desastres.
El senador concluyó su intervención instando a las autoridades competentes a actuar con diligencia y determinación para garantizar que la justicia sea impartida de manera efectiva y que los responsables de la tragedia sean castigados con todo el rigor de la ley. Considera que este caso debe servir como un punto de inflexión para mejorar la seguridad en los establecimientos públicos y proteger la vida de los ciudadanos. La memoria de las víctimas, según el senador, exige una respuesta contundente y una reforma profunda de los sistemas de supervisión y control estatal.
