La Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto condiciones estrictas a las solicitudes de extradición de funcionarios de Sinaloa, presentadas por Estados Unidos, vinculados presuntamente con el Cártel de Sinaloa, facción de Los Chapitos . La FGR exige que se agoten los procedimientos de retiro de fuero antes de que un juez pueda emitir órdenes de aprehensión, y que se presenten datos de prueba suficientes conforme a la ley mexicana, los cuales, según la FGR, no fueron incluidos en la documentación enviada por el Departamento de Justicia de EEUU.
El vocero de la FGR, Ulises Lara López, detalló en conferencia de prensa que la dependencia revisó minuciosamente la documentación recibida y determinó que solo procederá con las solicitudes si existen pruebas sólidas que respalden las acusaciones. Lara López enfatizó que la propia solicitud estadounidense requiere confidencialidad, la cual se vio comprometida al hacerse pública la información antes de tiempo.
Entre los funcionarios señalados por las autoridades estadounidenses se encuentran el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador de la república, Enrique Inzunza; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro Zaavedra; y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Además, seis exservidores públicos de Sinaloa también figuran en la lista de presuntos colaboradores del Cártel de Sinaloa.
La FGR ha aclarado que, en los casos de Rocha Moya e Inzunza, ambos gozan de inmunidad constitucional, conocida como fuero, lo que les protege de ser detenidos o procesados penalmente mientras ocupan sus cargos. Para poder proceder con su detención, la FGR deberá solicitar a la Cámara de Diputados el inicio de un juicio de procedencia, conocido como desafuero.
Ulises Lara explicó que la legislación mexicana exige la presentación de datos de prueba que justifiquen la probable comisión de un delito antes de solicitar una orden de aprehensión. Asimismo, la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas establece que toda la documentación relacionada con las solicitudes de extradición debe manejarse de manera confidencial y reservada. La divulgación de esta información, según la FGR, podría afectar la validez de los procedimientos penales tanto en México como en Estados Unidos.
El proceso de desafuero implica que la Cámara de Diputados analice la solicitud de la FGR y, si encuentra elementos suficientes, retire la inmunidad de los funcionarios. Una vez retirado el fuero, la fiscalía podrá solicitar una orden de aprehensión ante un juez.
Según investigaciones de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el procedimiento formal de desafuero inicia con la presentación de la solicitud ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. Esta sección dispone de 60 días hábiles para investigar y dictaminar sobre la existencia del delito y la probable responsabilidad del funcionario. Posteriormente, el dictamen se presenta al pleno de la Cámara, que sesiona como Jurado de Procedencia.
Tanto la FGR como la defensa de los funcionarios señalados tienen derecho a intervenir en el proceso. La decisión final sobre si procede la acción penal se toma por mayoría simple de los diputados presentes. En caso de funcionarios federales, la separación del cargo es inmediata si se aprueba el desafuero. Para funcionarios locales, la resolución se envía al congreso correspondiente.
La ley mexicana establece que la inmunidad procesal termina al dejar el cargo. Sin embargo, la votación en la Sección Instructora puede resultar en un empate, lo que podría frenar el avance del dictamen.
La FGR ha advertido que la divulgación de información sobre las solicitudes de extradición puede comprometer la confidencialidad de los procedimientos penales en Estados Unidos y violar las normas procesales de ambos países. Ulises Lara López reiteró que la Fiscalía priorizará el cumplimiento de la ley y el respeto a la soberanía nacional, enfatizando que cualquier incumplimiento podría poner en riesgo el Estado de derecho y los derechos de las personas involucradas.
La FGR analizará cuidadosamente si existen elementos probatorios suficientes y si la acusación estadounidense tiene fundamento legal antes de solicitar cualquier orden judicial. La dependencia se ha comprometido a actuar con transparencia y apego a la ley en todo el proceso, garantizando el debido proceso y los derechos de todos los involucrados. La situación plantea un desafío diplomático y legal para México, que deberá equilibrar su cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico con la protección de sus propias leyes y la inmunidad de sus funcionarios. El caso ha generado atención mediática y debate público, y su resolución tendrá implicaciones significativas para las relaciones bilaterales y la lucha contra el crimen organizado en la región. La FGR ha dejado claro que no cederá a presiones externas y que tomará decisiones basadas únicamente en la ley y la evidencia disponible.
