La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para decidir el destino de millones de inmigrantes que se benefician del Estatus de Protección Temporal (TPS), al considerar el intento del expresidente Donald Trump de poner fin a este programa. Durante los alegatos orales del miércoles, la mayoría conservadora del tribunal cuestionó si los tribunales federales tienen la autoridad para revisar las decisiones gubernamentales sobre el TPS, lo que podría tener implicaciones significativas para futuras demandas contra acciones administrativas.
El caso se centra en las designaciones de TPS para ciudadanos de Haití y Siria, pero la decisión podría afectar a más de un millón de inmigrantes de diversos países que actualmente viven y trabajan en Estados Unidos bajo este programa. Los jueces conservadores, incluyendo al presidente del tribunal John Roberts, se enfocaron en la interpretación de una disposición legal que podría limitar la revisión judicial de las decisiones sobre el TPS.
Mientras tanto, los jueces liberales, como Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, expresaron preocupación por la posible motivación discriminatoria detrás de la decisión de Trump de revocar el TPS para Haití, señalando comentarios despectivos previos del expresidente sobre el país y sus habitantes. El gobierno argumenta que los comentarios de Trump no son relevantes para el caso, mientras que los abogados de los beneficiarios del TPS sostienen que la administración no realizó una consulta adecuada con el Departamento de Estado sobre las condiciones en Haití y Siria antes de tomar su decisión.
El gobierno de Trump argumentó que las condiciones en Siria habían mejorado significativamente con el fin del régimen de Assad, mientras que la jueza Kagan cuestionó la validez de una consulta que no recibiera respuesta o información relevante del Departamento de Estado. La decisión de la Corte Suprema, esperada para finales de junio, podría tener un impacto profundo en el futuro de los inmigrantes con TPS y en la capacidad de los tribunales para revisar las acciones del poder ejecutivo en materia de inmigración. Desde que Trump asumió el cargo nuevamente, su administración ha intentado poner fin a las designaciones de TPS para 13 países.
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