Antinarcóticos desbarata parte del Clan Ríos en Asunción y alrededores, capturando a su líder, acusado de homicidio. Retraso en traslado de condenado por abuso sexual y violento incidente con disparos en Capitán Bado completan el panorama de la seguridad nacional.
En un extenso operativo llevado a cabo en la mañana de hoy, agentes de Antinarcóticos de la Policía Nacional desmantelaron parcialmente el Clan Ríos , una banda criminal que operaba en las zonas de Bañado Sur y Cateura. El operativo, que incluyó siete allanamientos simultáneos, culminó con la captura de Rodney Miguel Ríos (30), identificado como el líder de la organización y presunto autor del asesinato del suboficial Benito Javier Báez, ocurrido en el año 2023.
Junto a Ríos, fueron detenidos Lucas Junior Fleitas Román (31), Blas Martínez Pereira (33), Sonia Magdalena Ortellado Duarte (48) y Jessica Griselda Ríos Iriarte (34). Los procedimientos iniciaron temprano, sorprendiendo a Ríos en su domicilio, donde se descubrió que había implementado un sofisticado sistema de vigilancia con cámaras de seguridad instaladas en postes para controlar el área circundante.
Al notar la presencia policial, Ríos intentó huir saltando una muralla, pero fue rápidamente rodeado y aprehendido por los agentes. Durante los allanamientos, las autoridades incautaron armas de fuego y diversas cantidades de drogas, principalmente crack. La investigación apunta a que el Clan Ríos mantenía una disputa territorial con otros grupos criminales por el control del microtráfico en la zona.
El comisario general Rolando Benítez, director de Contra el Crimen Organizado, informó que todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que los operativos continúan con el objetivo de desmantelar completamente la banda. La captura de Ríos representa un golpe significativo contra el crimen organizado en la capital, según las autoridades.
En otro orden de cosas, la situación de Rodrigo Daniel Renaut Alegría (28), detenido ayer tras permanecer prófugo durante varios años, sigue generando controversia. A pesar de que una resolución judicial ordena su traslado inmediato a la cárcel de Tacumbú para cumplir una condena de 5 años y 6 meses por abuso sexual, el reo aún se encuentra en el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, a la espera de su traslado.
La jueza Sandra Kirchhofer firmó la disposición para el cumplimiento de la condena, pero el director general de Establecimientos Penitenciarios, coronel Rubén Peña, aún no ha autorizado el traslado. Desde el Departamento de Judiciales se informó que el trámite está en curso, pero se ha visto demorado debido a la gran cantidad de solicitudes pendientes antes del feriado del Día del Trabajador.
Existe la posibilidad de que la defensa de Renaut Alegría intente solicitar un lugar de reclusión diferente. El traslado se realizó en cumplimiento del Oficio Judicial N 1209, emitido por el Juzgado de Ejecución Penal, y previamente el detenido fue sometido a un diagnóstico médico en el Hospital General de Barrio Obrero. Actualmente, Renaut Alegría permanece bajo custodia policial en sede de Judiciales, mientras se define su destino final. El caso ha generado gran expectativa debido al largo período de tiempo que el condenado estuvo prófugo.
Finalmente, en la ciudad de Capitán Bado, una pareja de ciudadanos brasileños, Joao Rhicardo Campos Marques (50) y Fabiola Matias Marqués (51), fueron detenidos tras protagonizar un violento incidente que puso en peligro la vida de varias personas. Los hechos ocurrieron en la colonia Mariscal López, donde Marques atropelló a un grupo de padres que se manifestaban frente a una escuela.
Según los informes, el conductor incluso abrió fuego contra los manifestantes, generando pánico y caos en la zona. Tras el ataque, se inició una persecución que se extendió por unos dos kilómetros, durante la cual Marques continuó disparando, esta vez contra una patrullera policial. Los agentes lograron detener a la pareja, poniendo fin a la persecución.
En el poder de los detenidos se encontró una pistola calibre 9 milímetros, utilizada para disparar contra los manifestantes y la patrullera. El conductor resultó herido en el pie por un disparo accidental de su propia arma y fue trasladado a un hospital bajo custodia policial. El caso ya está en manos del Ministerio Público para su investigación y se espera que los responsables enfrenten cargos por intento de homicidio y otros delitos relacionados. La fiscalía se hará cargo de la investigación para determinar las motivaciones detrás del ataque y las responsabilidades de cada uno de los implicados.
