La administración Trump ordena a las embajadas negar visas a quienes expresen temor a la persecución en su país de origen, en un intento por restringir el acceso al asilo en Estados Unidos. La medida, revelada por The Washington Post , aplicaría para todas las solicitudes de visa de no inmigrante y representa uno de los esfuerzos más directos del gobierno para cerrar la vía consular al asilo.
Un cable diplomático interno filtrado a The Washington Post detalla que, con efecto inmediato, todos los funcionarios consulares deben interrogar a los solicitantes de visa de no inmigrante con dos preguntas clave: ¿Ha sufrido daños o maltrato en su país de nacionalidad o de última residencia habitual? y ¿Teme sufrir daños o maltrato al regresar a su país de nacionalidad o de residencia permanente? .
La instrucción gubernamental es clara: los solicitantes deben responder verbalmente con un no a ambas preguntas para que el proceso de emisión de la visa continúe. El cable, proveniente de la oficina del secretario de Estado Marco Rubio, no especifica las consecuencias para aquellos que, habiendo respondido negativamente, soliciten asilo una vez en territorio estadounidense. Sin embargo, advierte que dicha situación podría acarrear cargos por fraude de visa y, potencialmente, la deportación, ya sea a su país de origen o a un tercer país con el que Estados Unidos tenga acuerdos, como la República Democrática del Congo, que recientemente recibió a ocho ciudadanos colombianos.
Esta directiva se produce pocos días después de que un tribunal federal de apelaciones determinara que la declaración del presidente Trump de una invasión en la frontera entre Estados Unidos y México para justificar restricciones a los solicitantes de asilo era ilegal. Esta decisión judicial ha abierto la posibilidad de reanudar el procesamiento de las solicitudes de asilo que habían sido suspendidas. No obstante, la administración Trump ha manifestado su intención de apelar esta decisión ante instancias superiores.
La ley federal estadounidense permite a los extranjeros solicitar asilo una vez que se encuentran dentro del país, siempre y cuando puedan demostrar que han sufrido persecución o que tienen un temor fundado de ser perseguidos en su país de origen. La nueva directiva busca interceptar este proceso antes de que los solicitantes lleguen a territorio estadounidense, transformando el miedo a la persecución en un motivo para negar la visa, en lugar de considerarlo un criterio para la protección.
En respuesta a las preguntas del Washington Post , el Departamento de Estado defendió la medida, afirmando que está utilizando todas las herramientas y recursos disponibles para determinar si cada solicitante de visa cumple con los requisitos de la ley estadounidense . El departamento agregó que, como ha reiterado el secretario Rubio, una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho .
Las cifras de solicitantes de asilo en la frontera suroeste han experimentado una disminución significativa en los últimos meses. Según un análisis del Instituto Cato, el número de solicitudes mensuales se desplomó de casi 40.000 en diciembre de 2024 a apenas 26 en febrero de 2025. Esta reducción coincide con la implementación de diversas políticas restrictivas en materia de inmigración por parte de la administración Trump.
La nueva directiva ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y defensores de los inmigrantes, quienes argumentan que podría poner en peligro a personas vulnerables que huyen de la persecución en sus países de origen. Critican la medida como un intento de eludir las leyes internacionales de asilo y de negar a las personas el derecho a buscar protección en Estados Unidos.
La implementación de esta política plantea interrogantes sobre cómo los funcionarios consulares evaluarán la sinceridad de las respuestas de los solicitantes de visa y cómo se manejarán los casos en los que exista evidencia de que un solicitante teme la persecución, pero se ve obligado a negar ese temor para obtener la visa. También se debate sobre la posibilidad de que la directiva incentive a los solicitantes a mentir en sus solicitudes de visa, lo que podría tener consecuencias legales graves.
La administración Trump ha adoptado una postura cada vez más dura en materia de inmigración desde que asumió el cargo, implementando políticas como la construcción de un muro en la frontera con México, la separación de familias inmigrantes y la prohibición de entrada a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana. La nueva directiva sobre las visas de no inmigrante se inscribe en esta línea de políticas restrictivas y refleja el compromiso del gobierno con la reducción de la inmigración a Estados Unidos.
La decisión de negar visas a quienes expresen temor a la persecución ha sido calificada por algunos expertos como una violación del principio de no devolución, que prohíbe a los Estados devolver a las personas a países donde corren el riesgo de ser perseguidas o torturadas. Otros argumentan que la directiva es una medida legítima para proteger la seguridad nacional y controlar la inmigración.
El futuro de la política de asilo en Estados Unidos sigue siendo incierto, ya que la administración Trump continúa desafiando las decisiones judiciales que han bloqueado algunas de sus políticas más restrictivas. La nueva directiva sobre las visas de no inmigrante es un ejemplo de cómo el gobierno está buscando nuevas formas de limitar el acceso al asilo y de dificultar la entrada de inmigrantes al país.
