La investigación sobre el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, se intensifica con nuevas medidas de prueba autorizadas por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, a pocas horas de iniciar una licencia. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) busca determinar si Vázquez incurrió en enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión fiscal, a pesar de que el Gobierno argumenta que ya fue sobreseído en una causa similar.
Las medidas de prueba abarcan una docena de requisitorias a organismos públicos y entidades privadas en Argentina, así como exhortos a otros países. El foco de la investigación se centra en la firma Consultora San Andrés, considerada una posible sociedad pantalla, la subvaluación de un triplex en el edificio Los Molinos Building, y el flujo de fondos entre Argentina, Miami y Emiratos Árabes.
El fiscal Sergio Rodríguez había solicitado la citación a indagatoria de Vázquez, sosteniendo que sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial . Sin embargo, el juez Martínez De Giorgi no fijó fecha para dicha citación.
Esta decisión contrasta con las declaraciones del Gobierno, que insiste en que Vázquez ya fue sobreseído en esta causa, considerándola una cosa juzgada . El asesor Santiago Caputo, cercano a Vázquez dentro del oficialismo, también cuestionó la información divulgada por LA NACION, argumentando en la misma línea.
La investigación, iniciada a fines de 2024, se originó a partir de la adquisición y gestión de al menos tres departamentos en Miami por un valor total de US$2,1 millones, los cuales no fueron declarados ante el fisco argentino ni la Oficina de Administración de Bienes (OA). A medida que avanzó la pesquisa, la PIA amplió las sospechas, incluyendo presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos provenientes de posibles dádivas y evasión tributaria.
En este contexto, la PIA solicitó a ARCA que proporcione información adicional sobre Consultora San Andrés SA, la sociedad que Vázquez controla junto a su hermana. También se libraron oficios al Colegio de Escribanos para obtener copias de escrituras y documentos relacionados con las compraventas inmobiliarias, involucrando a escribanos como Eduardo Daniel González, quien intervino en la compra del triplex de Juana Manso, y Rodolfo Mendoza Paz, que participó en las operaciones del Chateau Puerto Madero.
La Procuraduría también requirió información de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, la ANMAC (exRENAR) para investigar el blindaje de un BMW y los usuarios autorizados a conducirlo, el Banco Central (BCRA), el Gobierno porteño para reconstruir el historial de infracciones de tránsito y los descuentos de puntos en el scoring de los cinco vehículos de Consultora San Andrés, empresas de telepase y la Superintendencia de Seguros de la Nación. Además, se solicitó información a la administradora del consorcio del inmueble en Quilmes donde, formalmente, funciona Consultora San Andrés.
A nivel internacional, el fiscal Rodríguez solicitó exhortos a firmas como Booking.com y Airbnb Ireland, así como a bancos como Bank of America, PNC Bank y Wells Fargo Bank, para obtener extractos bancarios de Vázquez y su familia. También se consultó sobre la existencia de cuentas en firmas panameñas controladas por Vázquez, Alcorta Corp y Pompeya Group Corp.
La PIA reiteró los pedidos de información al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense y la Inspección General de Justicia (IGJ). Asimismo, se solicitó información a la sede en los Emiratos Árabes Unidos del banco PNC y a la Embajada de Estados Unidos para obtener datos sobre los movimientos migratorios y financieros de Vázquez, su entonces esposa y sus hijas. Entre 2018 y 2023, Vázquez pasó entre 74 y 89 días fuera del país cada año, principalmente en Estados Unidos.
Finalmente, se reiteraron los oficios ya enviados a la Caja de Valores, la Dirección Nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), y a las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes Británicas, siguiendo también la solicitud del fiscal federal Guillermo Marijuan.
Esta no es la primera vez que Vázquez es objeto de investigación. En 2007, cuando era funcionario de la AFIP, su nombre apareció en un listado de personas que habrían movido dinero negro a través de una cueva financiera operada por el BNP Paribas en Buenos Aires. Se le atribuyeron dos cuentas no declaradas en el exterior, una en Curazao y otra en Luxemburgo. El juez Sergio Torres lo sobreseyó tras indagarlo, considerando que no se podía avanzar en la investigación.
Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal revocó esa decisión, argumentando que aún existían medidas de prueba pendientes. En 2022, el juez federal Ariel Lijo ordenó nuevamente el sobreseimiento de Vázquez, no por comprobarse la inexistencia de las cuentas bancarias, sino por la falta de respuesta de las autoridades de Curazao, Países Bajos y Luxemburgo a los exhortos argentinos. En esa investigación, no se mencionaban sus propiedades en Estados Unidos.
