La Contraloría General de la República (CGR) ha revelado graves deficiencias en la gestión de la violencia escolar en Chile, a través del informe N 660 de 2025. La auditoría, realizada en el marco del programa de Convivencia y Salud Mental , expone una alarmante brecha entre la cantidad de denuncias recibidas y las acciones de fiscalización llevadas a cabo por la Superintendencia de Educación. Entre 2020 y el 13 de octubre de 2025, se registraron a nivel nacional 35.410 denuncias por violencia escolar a través de diversos canales, sin embargo, solo 1.727 fueron objeto de fiscalización por parte de la Superintendencia.
El informe de la CGR destaca que los establecimientos educacionales con mayor número de denuncias no fueron fiscalizados, lo que sugiere una falta de respuesta efectiva ante los focos de mayor conflictividad. Esta situación, según el organismo, contribuye a que la violencia escolar siga siendo en nuestro país de las principales problemáticas que enfrenta la educación escolar pública , en lugar de disminuir. La investigación verificó las acciones de la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación para garantizar el cumplimiento de las normas relacionadas con la buena convivencia escolar.
Además de la falta de fiscalización, el informe revela irregularidades en el proceso de reubicación de estudiantes sancionados con la cancelación de la matrícula o la expulsión. Se detectó que 38 alumnos que habían recibido estas sanciones fueron reubicados o continúan con matrícula vigente en otros colegios emblemáticos, contraviniendo la legislación que regula este proceso.
La auditoría se centró en el análisis de la situación en siete establecimientos emblemáticos de Santiago y Providencia: el Instituto Nacional José Miguel Carrera, Liceo José Victorino Lastarria, Internado Nacional Barros Arana (INBA), Liceo de Aplicación, Liceo Manuel Barros Borgoño, Liceo 7 de Providencia y el Liceo Carmela Carvajal. Los resultados revelan que el 21% de los alumnos sancionados fueron reincorporados al mismo establecimiento del que fueron expulsados o se les canceló la matrícula, debido a que los directores no hicieron uso de la facultad de oponerse . El 79% restante fue trasladado a otros colegios emblemáticos, muchos de los cuales ya presentan altos índices de violencia escolar.
Esta situación pone en evidencia la ineficacia del sistema de reubicación, que en lugar de aislar a los estudiantes problemáticos y ofrecerles un entorno adecuado para su rehabilitación, los traslada a otros establecimientos con problemáticas similares, perpetuando el ciclo de violencia.
Ante estas graves irregularidades, la Contraloría ha ordenado a la Superintendencia de Educación y a la Subsecretaría de Educación que adopten, de manera coordinada, las medidas pertinentes para regular el procedimiento y las facultades de los intervinientes en el proceso de reubicación de estudiantes sancionados. Se busca asegurar que la reubicación se realice de acuerdo con la legislación vigente, considerando especialmente los casos relacionados con hechos de violencia.
El informe de la CGR también hace referencia a un aumento significativo en los índices de violencia escolar. Se menciona un alza del 53,85% en los homicidios consumados en comparación con la semana anterior, con un registro de 13 casos. Si bien este dato se presenta de forma aislada, refuerza la urgencia de abordar la problemática de la violencia escolar de manera integral y efectiva.
La situación descrita en el informe de la CGR plantea serias interrogantes sobre la capacidad del sistema educativo para proteger a los estudiantes y garantizar un ambiente de convivencia pacífica y respetuosa. La falta de fiscalización, las irregularidades en el proceso de reubicación y el aumento de los índices de violencia son señales de alarma que exigen una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades competentes. Es fundamental que se implementen medidas efectivas para prevenir la violencia escolar, sancionar a los responsables y ofrecer apoyo a las víctimas, con el objetivo de construir una escuela más segura y acogedora para todos los estudiantes. La revisión de los protocolos existentes y la asignación de recursos adecuados son pasos esenciales para abordar esta problemática de manera integral y sostenible.
