Un Tribunal Colegiado de Circuito (TCC) ha establecido un precedente importante en materia de seguros, específicamente en relación con el Seguro de Separación Individualizado (SSI) para servidores públicos. La resolución, que surge de un litigio entre una exservidora pública y una aseguradora, enfatiza que la solicitud de pago de una póliza, firmada por ambas partes y que acredite la recepción de la documentación requerida, tiene un valor probatorio superior a los registros internos posteriores de la aseguradora.
El caso se originó cuando la exservidora pública demandó a la aseguradora para exigir el pago de su SSI, argumentando que su relación laboral había terminado, activando así la cobertura de la póliza. La aseguradora se negó a pagar, basándose en la falta de presentación de la constancia de baja emitida por la dependencia gubernamental donde la exservidora había prestado sus servicios. La aseguradora argumentó que este documento era indispensable, según el artículo 69 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, para demostrar la ocurrencia del siniestro.
La controversia central se centró en la prueba de la entrega de la constancia de baja. En el expediente judicial, existía una solicitud de pago debidamente firmada tanto por la exservidora como por el representante de la aseguradora encargado de recibir y verificar la documentación. En este formulario, se indicaba explícitamente la recepción de la constancia original de baja.
Sin embargo, la aseguradora presentó un documento interno, denominado Check list SSI , en el cual afirmaba que la documentación requerida, incluyendo la constancia de baja, nunca había sido entregada. Este documento interno buscaba contradecir la evidencia de la solicitud de pago firmada.
El TCC falló a favor de la exservidora, determinando que la solicitud de pago firmada por ambas partes debía tener un valor probatorio preponderante. El tribunal razonó que, si la solicitud de pago constata la recepción de la constancia de baja, esa circunstancia debe considerarse como un hecho probado. En consecuencia, un documento elaborado posteriormente y de manera unilateral por la aseguradora no puede invalidar la constancia previamente firmada por ambas partes.
Esta decisión es significativa porque establece un límite razonable a la validez de los registros administrativos internos de las aseguradoras. De no existir esta restricción, las aseguradoras podrían simplemente crear documentos internos posteriores para negar la recepción de requisitos que ya habían sido aceptados durante el proceso de solicitud, generando incertidumbre y perjuicio para los asegurados.
Desde una perspectiva legal, la resolución refuerza un principio fundamental en materia de pruebas: los documentos firmados por las partes durante la gestión de un siniestro generan una presunción de veracidad que no puede ser fácilmente desvirtuada por declaraciones unilaterales posteriores. Esta presunción de veracidad se basa en la confianza que se deposita en la firma de las partes como reconocimiento de los hechos documentados.
En términos prácticos, este criterio contribuye a fortalecer la seguridad jurídica de las personas aseguradas, brindándoles mayor certeza en el cumplimiento de sus contratos de seguro. Al priorizar la evidencia de la recepción de documentos firmada por ambas partes, se reduce el riesgo de que las aseguradoras puedan negar injustificadamente el pago de las pólizas basándose en argumentos administrativos internos.
Más allá del caso específico, la resolución del TCC aclara cómo los tribunales buscan equilibrar la relación entre las aseguradoras y las personas aseguradas, evitando que formalidades posteriores se conviertan en obstáculos para el cumplimiento efectivo de los contratos de seguro. La decisión subraya la importancia de la buena fe y la transparencia en las relaciones contractuales, y protege a los asegurados de prácticas que puedan resultar abusivas o desleales.
La resolución del TCC, disponible en el sitio web del Poder Judicial de la Federación (https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2031602), representa un avance en la protección de los derechos de los asegurados y establece un precedente que podría ser aplicado en casos similares en el futuro. La decisión reafirma la importancia de la documentación firmada como prueba clave en la resolución de controversias relacionadas con seguros, y contribuye a fortalecer la confianza en el sistema de seguros en México.
