El sector de San Rafael, en el sur de la provincia de Esmeraldas, se vio convulsionado este domingo 26 de abril de 2026 por dos ataques armados en un lapso de menos de una hora, dejando como saldo la muerte de dos jóvenes y sumiendo a la comunidad en un clima de miedo e incertidumbre. Los incidentes, ocurridos en la calle Libertad B y en la calle Mariscal, han encendido las alarmas sobre la creciente inseguridad que azota la región.
El primer crimen tuvo lugar en la calle Libertad B, frente a la institución educativa María Auxiliadora. Ángel David Cuero Ayoví, un joven de 18 años, recién graduado de la unidad educativa Alfonso Quiñonez George, fue blanco de disparos por parte de sicarios que huyeron rápidamente del lugar. Cuero Ayoví falleció en el instante, generando escenas de consternación entre vecinos y transeúntes que presenciaron el ataque. Testigos describieron momentos de confusión y pánico, mientras la policía acordonaba el área y procedía al levantamiento del cuerpo. Familiares y amigos del joven se encontraban devastados por la pérdida.
La rápida sucesión de este primer ataque con un segundo, ocurrido menos de una hora después, intensificó la sensación de inseguridad en San Rafael. En la calle Mariscal, sicarios irrumpieron en una iglesia evangélica y asesinaron a Henry Paúl Chila Mera, un mecánico de motocicletas que se encontraba retirando a su familia después del culto dominical. El ataque, perpetrado en un lugar considerado seguro y de recogimiento, provocó pánico entre los feligreses y puso de manifiesto la vulnerabilidad de los espacios religiosos frente a la violencia.
La Policía Nacional ha desplegado equipos especializados en la zona para investigar ambos crímenes y recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias de los ataques y la identidad de los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han establecido los móviles de los asesinatos, aunque presumen que se trata de ataques selectivos. La investigación se centra en la recopilación de versiones de testigos y el análisis de las pruebas encontradas en la escena de los crímenes.
Estos sucesos consecutivos han generado una profunda preocupación en la ciudadanía y en las autoridades locales. La comunidad religiosa y educativa se ha manifestado consternada por la violencia que ha irrumpido en espacios que deberían ser refugios de paz y formación. La sucesión de ataques armados en un lapso tan corto ha puesto en evidencia la gravedad de la crisis de seguridad que atraviesa Esmeraldas, donde los crímenes a tiros se han convertido en una constante.
La población exige respuestas inmediatas y acciones contundentes por parte de las autoridades para frenar la ola de violencia que azota la provincia. Se demandan mayores recursos para la policía, el fortalecimiento de la inteligencia y la implementación de estrategias de prevención del delito que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos. La comunidad también ha pedido una mayor presencia policial en las calles y una mayor coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de la seguridad.
La situación en Esmeraldas refleja la compleja realidad que vive Ecuador en materia de seguridad. El aumento de la delincuencia organizada y el narcotráfico han generado un clima de violencia que se ha extendido a lo largo del país, afectando a diversas provincias y comunidades. La lucha contra la delincuencia y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad son desafíos urgentes que requieren una respuesta integral y coordinada por parte del gobierno y la sociedad en su conjunto.
La pérdida de Ángel David Cuero Ayoví y Henry Paúl Chila Mera son un recordatorio doloroso de las consecuencias devastadoras de la violencia. Sus familias y amigos lloran su partida, mientras la comunidad de Esmeraldas se une en el dolor y exige justicia. La esperanza de un futuro más seguro y pacífico para la provincia depende de la capacidad de las autoridades para enfrentar la crisis de seguridad y garantizar la protección de los ciudadanos. La investigación de estos crímenes y la captura de los responsables son pasos fundamentales para restaurar la confianza en las instituciones y enviar un mensaje claro a los delincuentes: la impunidad no será tolerada.
