El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) ha emitido un fuerte pronunciamiento en el que denuncia una estrategia sistemática por parte del Gobierno para debilitar y desmantelar las universidades estatales del país. La declaración se produce en un contexto de tensión en la UCR, marcado por la toma estudiantil del edificio de la Rectoría y las negociaciones en torno al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Según el Sindeu, la estrategia gubernamental se basa en una asfixia presupuestaria que busca limitar los recursos disponibles para las universidades públicas. Esta política, según el sindicato, se complementa con acciones destinadas a generar divisiones internas y fomentar la competencia entre las instituciones por el acceso a los fondos.
El Sindeu advierte que el actual conflicto en la UCR podría ser aprovechado por sectores tanto internos como externos para socavar la unidad universitaria y, en última instancia, afectar la defensa del financiamiento de la educación superior pública. El sindicato enfatiza la importancia de mantener la cohesión dentro de la comunidad universitaria para resistir lo que consideran un ataque a la autonomía y la sostenibilidad de las universidades estatales.
La denuncia del Sindeu también se extiende a la condena de los llamados realizados por algunos funcionarios universitarios para que la Fuerza Pública intervenga en el campus. El sindicato califica estas solicitudes como irresponsables y argumenta que atentan contra la autonomía universitaria, un principio fundamental consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política. El Sindeu destaca el manejo profesional de la situación por parte del Departamento de Seguridad y Tránsito de la UCR, que ha garantizado el derecho a la protesta estudiantil sin recurrir a medidas coercitivas.
En este sentido, el Sindeu hace un llamado urgente a las autoridades universitarias y al movimiento estudiantil a retomar el diálogo y buscar soluciones al conflicto actual. El sindicato se ofrece como un actor facilitador en este proceso, expresando su disposición a colaborar para fortalecer los canales de negociación y promover un entendimiento mutuo.
El comunicado del Sindeu no se limita a la situación actual, sino que también cuestiona decisiones pasadas relacionadas con la distribución de recursos y las condiciones laborales en la UCR. El sindicato recuerda que administraciones anteriores implementaron medidas que vulneraron los derechos colectivos de los trabajadores, y que posteriormente la Sala Constitucional les dio la razón al declarar la inconstitucionalidad de dichas acciones.
Asimismo, el Sindeu critica los acuerdos relacionados con el FEES que, según su análisis, se tomaron sin la debida consulta con los firmantes de la convención colectiva y sin estudios técnicos que respaldaran su impacto. El sindicato argumenta que estas decisiones pusieron en riesgo empleos en la institución y socavaron la estabilidad laboral de sus miembros.
En un llamado a la unidad y la movilización, el Sindeu insta a la comunidad universitaria a no dejarse dividir y a enfocarse en la defensa del presupuesto para la educación pública. El sindicato reitera su demanda de cumplimiento del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a este sector, así como la protección del financiamiento universitario en su conjunto.
El Sindeu considera que la defensa de la educación pública es una responsabilidad compartida por todos los miembros de la comunidad universitaria, y que solo a través de la unidad y la acción colectiva se podrá resistir la estrategia gubernamental que, según su denuncia, busca desmantelar las universidades estatales. El sindicato se compromete a seguir trabajando en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la promoción de una educación pública de calidad y accesible para todos los ciudadanos.
La situación en la UCR y la denuncia del Sindeu reflejan una creciente preocupación en el sector educativo público por el futuro del financiamiento y la autonomía de las universidades estatales. El debate sobre el presupuesto para la educación superior y el papel del Estado en la financiación de las universidades se ha intensificado en los últimos meses, y se espera que continúe siendo un tema central en la agenda política del país. La comunidad universitaria se prepara para defender su autonomía y el derecho a una educación pública de calidad, ante lo que percibe como un ataque sistemático a las instituciones estatales.
