La Fiscalía reveló detalles estremecedores sobre las acciones del Frente 33 de las disidencias de las Farc durante una inusual audiencia donde sus cabecillas participaron desde la selva del Catatumbo. La investigación expuso una escalada de violencia que incluye 37 asesinatos, 34 casos de desplazamiento forzado y el reclutamiento de 31 menores de edad, quienes fueron entrenados para el combate y armados con fusiles AK-47 y pistolas.
La audiencia, celebrada el 3 de marzo, permitió a la Fiscalía detallar la sistemática comisión de crímenes por parte del grupo armado, que actualmente se encuentra en negociaciones de paz con el Gobierno de Gustavo Petro. Uno de los aspectos más alarmantes revelados fue la contratación de sicarios en Medellín para llevar a cabo asesinatos selectivos en el Catatumbo, demostrando la capacidad logística y la disposición a recurrir a terceros para ejecutar sus planes.
La confrontación entre el Frente 33 y el ELN, que se intensificó a partir del 4 de enero de 2024, ha dejado una estela de muerte y desplazamiento en la región. El punto de inflexión, según la Defensoría del Pueblo, fue el brutal asesinato de Miguel Ángel López Rojas, su esposa Zulay Durán Pacheco y su hijo de nueve meses el 16 de enero, un hecho que desencadenó una ofensiva armada coordinada por parte del ELN contra posiciones del Frente 33 en municipios como Teorama, Convención, San Calixto y Hacarí.
La respuesta del Frente 33 fue inmediata y despiadada. En la mañana del 17 de enero de 2025, un comando armado irrumpió en la finca La Cristalina, hogar de Pedro María Ropero Gélvez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guachimán y participante del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Ropero Gélvez fue acusado de colaborar con el ELN y asesinado a sangre fría tras ser obligado a arrodillarse frente a sus verdugos.
Este homicidio, según la Fiscalía, no fue un acto aislado, sino una manifestación de la política de confrontación territorial adoptada por la organización. Le siguieron los asesinatos de José Manuel Chinchilla Navarro, Jorge Elí Durán Guerrero, Elkin Fabián Sanabria Alvernia y José Luis Lugo Montero, todos perpetrados en un lapso de tiempo reducido y con un alto grado de violencia.
La conexión entre el Frente 33 y grupos de sicarios en Medellín se hizo evidente con el asesinato de José Agustín Sánchez González el 14 de febrero. La Fiscalía determinó que el crimen fue cometido por sicarios contratados por Farby Edison Parra Parra, alias Richard , cabecilla financiero del Frente 33, en coordinación con alias Relevo y Harold. Los sicarios volvieron a actuar el 19 de febrero, asesinando a Emérita Buenhaber Serrano en un establecimiento comercial en La Gabarra, identificándose como alias el Paisa y alias el Negro.
La crueldad del Frente 33 se extendió a otros actos atroces, como el secuestro de Eduardo José Ferrer Pérez, Isaí Lobo Guerrero y Elis Daniel Pérez, quienes fueron grabados en videos obligándolos a admitir su supuesta pertenencia al ELN antes de ser asesinados. El caso más impactante fue el ataque con drones cargados con explosivos contra la casa de Luis Ernesto Mendoza, un campesino de 73 años, el 26 de marzo. Mendoza sufrió graves heridas, incluyendo la amputación de un brazo, y falleció días después en un centro médico.
La Fiscalía argumenta que los hombres del Frente 33 eran conscientes de la presencia de población civil en la zona, pero no se detuvieron ante la posibilidad de causar daños colaterales. Además de los asesinatos, el grupo armado desplazó a familias enteras y reclutó menores de edad, a quienes les imponían nuevos nombres, los sometían a entrenamiento físico y los armaban con fusiles y pistolas para participar en los crímenes. Las Fuerzas Armadas y la Policía lograron rescatar a algunos de estos menores, quienes fueron entregados al ICBF y a sus familias para su protección.
Durante la audiencia, los cabecillas del Frente 33 imputados alias Richard, alias Jhon Mechas y alias Andrey negaron su responsabilidad en los crímenes. Alias Richard, en particular, alegó haber sido víctima del conflicto armado desde su infancia y solicitó una investigación sobre supuestas torturas sufridas por él y su padre.
La situación en el Catatumbo sigue siendo crítica. Desde el 16 de enero hasta el 28 de abril de 2025, se han registrado 117 asesinatos entre ambas facciones, incluyendo víctimas pertenecientes al Acuerdo de Paz y menores de edad. La Defensoría del Pueblo ha documentado el desplazamiento forzado de 64.783 personas y el confinamiento de 16.615, evidenciando la magnitud de la tragedia humanitaria que se vive en la región. El Gobierno decretó la conmoción interior para atender a las víctimas, pero la violencia persiste y amenaza la estabilidad de la zona.
