El gobierno de José Raúl Mulino ha dado el primer paso hacia una posible adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) que facilitará la colaboración técnica. Este MOU permitirá el intercambio de datos, la evaluación comparada de políticas, misiones de expertos y recomendaciones basadas en evidencia, marcando el inicio de un proceso que, según expertos, podría tomar años y conllevan importantes implicaciones para la economía panameña.
La adhesión a la OCDE no es un camino rápido. La experiencia de otros países, como Colombia, que tardó hasta 20 años en cumplir con todos los estándares requeridos, demuestra la magnitud del desafío. En la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE), un panel de expertos analizó los beneficios y riesgos de esta aspiración, generando un debate que pone de manifiesto la complejidad de la decisión.
Uno de los puntos centrales del debate gira en torno al sistema tributario panameño. Existe la percepción de que la adhesión a la OCDE implicaría la necesidad de abandonar el sistema territorial vigente y adoptar uno de renta mundial, en línea con las exigencias de la Unión Europea. Sin embargo, Helen Seixas, abogada de KPMG, desmintió esta afirmación, argumentando que la OCDE no exige la eliminación del sistema territorial fiscal.
Seixas explicó que la exigencia de mayores niveles de sustancia no necesariamente implica la tributación de la renta de fuente extranjera. En su opinión, esta situación permitiría a Panamá salir de la lista de países no cooperadores de la Unión Europea, lo que mejoraría su competitividad a nivel internacional. La abogada enfatizó que esto representa una oportunidad para fortalecer la economía panameña, incentivando una mayor presencia física y funciones reales en el país, como la contratación de personal, la inversión en activos y la toma de decisiones efectivas.
Por otro lado, Dulcidio De La Guardia, exministro de Economía y Finanzas, advirtió sobre los costos asociados a la adhesión a la OCDE. Criticó la falta de transparencia del gobierno actual, señalando que no ha presentado al país evidencia suficiente sobre los beneficios y costos de este proceso. De La Guardia instó a realizar un estudio de factibilidad exhaustivo antes de tomar cualquier decisión, recordando que otros países, como Costa Rica y Colombia, enfrentaron un largo y costoso proceso de adaptación antes de convertirse en miembros de la OCDE.
Los costos hay que asumirlos primero porque la OCDE no te va a permitir que tú seas miembro del club hasta que tú no hayas cumplido con todos los cambios normativos , advirtió De La Guardia. Subrayó que, si bien existen beneficios en ser miembro de la OCDE, también hay costos significativos que el gobierno debe comunicar claramente a la población.
Adolfo Linares, conocido por su postura crítica hacia los organismos internacionales, fue aún más directo en su rechazo a las políticas de la OCDE. Defendió el sistema territorial panameño, argumentando que es legítimamente reconocido y que Panamá ha sido un centro bancario sólido desde la década de 1970, con una sustancia real en sus regímenes. Linares criticó la postura de la OCDE, acusándola de intentar imponer estándares y políticas fiscales que no se ajustan a la realidad de países como Panamá.
David Saied, de PricewaterhouseCoopers, reconoció que la adopción de las normas de la OCDE no será fácil, pero sugirió que la digitalización y las nuevas tecnologías podrían ayudar a reducir los costos de transacción. Sin embargo, enfatizó que Panamá podría encontrar un punto intermedio, aprovechando nuevas oportunidades de negocio y servicios sin sacrificar su atractivo para los inversionistas.
De La Guardia reiteró la necesidad de que el gobierno presente un estudio de viabilidad sobre la adhesión a la OCDE, destacando que los costos deben ser asumidos. Linares, por su parte, insistió en la importancia de defender la soberanía fiscal de Panamá y buscar una relación de igualdad con los países europeos, evitando cualquier forma de vasallaje.
Los panelistas coincidieron en que la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) podría liderar un estudio sobre los costos, beneficios y riesgos de la adhesión a la OCDE en caso de que el gobierno no lo haga. Amauri Castillo, exsuperintendente de Bancos, advirtió que este tema trascenderá a los próximos gobiernos y que sus implicaciones podrían ser significativas. Ciertamente no hay una receta mágica, y yo me atrevería a decirle que ni siquiera deberíamos pensar que es la solución a todos los problemas, el adherirse a la OCDE , concluyó Castillo.
El debate sobre la adhesión de Panamá a la OCDE está lejos de estar cerrado. La decisión final requerirá un análisis profundo y transparente de los costos y beneficios, así como una evaluación cuidadosa de las implicaciones para la economía y la soberanía del país. La colaboración técnica facilitada por el MOU firmado con la OCDE representa un primer paso importante, pero el camino hacia la adhesión plena está lleno de desafíos y requiere una estrategia clara y bien definida.
